Trump emitió un decreto el pasado 9 de noviembre por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur fuera de los puertos de entrada oficiales al país no sería candidata para recibir asilo. Coincidiendo con la llegada de la primera de varias caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario alegó que el veto era necesario para frenar lo que calificó de amenaza a la seguridad nacional.
Pero en su fallo, el juez federal de distrito Jon S. Tigar se puso del lado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y del Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de la publicación del decreto.
Tigar señaló que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales de entrada.
'Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, dictaminó Tigar, que fue nominado para el puesto por el expresidente demócrata Barack Obama.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) no comentó de inmediato el fallo, que permanecerá en vigor durante un mes a menos que se presente recurso. Para emitir su prohibición, Trump utilizó los mismos poderes empleados el año pasado para otro veto migratorio que finalmente fue ratificado por la Corte Suprema.
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Si se aplica, la propuesta de Trump podría dificultar que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación. El DHS calcula que cada año unas 70,000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso. Pero el fallo de Tigar señala que la ley federal contempla que cualquiera puede solicitar asilo si ha llegado a Estados Unidos “ya sea por un puerto de entrada designado o no”.
“Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso”, dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. “No se puede ser más claro”.
Alrededor de 3,000 personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el lunes que cerró el tránsito con dirección norte del cruce de San Ysidro durante varias horas. También instaló barreras móviles con alambre de púas en la parte superior, aparentemente para impedir un ingreso masivo de personas.
Desde la entrada en vigor del decreto presidencial y hasta el lunes, 107 personas detenidas entre los puertos de ingreso solicitaron asilo, informó el DHS, que está al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios no revelaron si los casos de esas personas avanzan por los otros canales que tienen disponibles para procesar su solicitud.
El DHS ha dicho que quiere que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial. Pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera. Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en el lado mexicano.
El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que algunos de los solicitantes de asilo cruzan entre los puertos debido a que “corren un peligro real”, ya sea en México o en sus países de origen.
“No condonamos a los que ingresan entre los puertos de ingreso, pero el Congreso ha tomado de la decisión de que si ellos lo hacen, de todas formas se les debe permitir solicitar asilo”, comentó.
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