SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Alfredo Orellana madruga a diario para conducir un autobús de transporte colectivo, una labor que exige mucha concentración. Pero el desconsuelo no se lo permite desde que su hija desapareció en
Soyapango, en la periferia
noreste de San Salvador.
El 20 de enero de 2018, luego de salir de clases de contaduría en una universidad privada de esa ciudad, Mireya Astrid, de 21 años, se esfumó y pasó a engrosar la larga lista de desaparecidos que, en muchos casos, han terminado siendo víctimas de la violencia.
En El Salvador se reportan a diario entre seis y ocho casos de personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.
'Todo este tiempo ha sido un suplicio', relata a la AFP vía telefónica Alfredo. 'No saber nada de mi hijita es angustiante, todos los días le pedimos a dios que aparezca, no pierdo esa esperanza, aunque es duro'.
La familia denunció su desaparición ante las autoridades, pero no ha tenido ninguna noticia sobre su paradero.
'No voy a descansar hasta encontrar a mi hija', sostiene Alfredo, que también pidió ayuda a través de las redes sociales para conseguir alguna pista.
Para el director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, la situación de los desaparecidos en la actualidad está 'ligada a la violencia' de las pandillas o maras, uno de los principales problemas que alegan los salvadoreños para emigrar masivamente.
'Los desaparecidos es un tema que demanda una respuesta contundente del aparato estatal, la gente sufre sin tener respuestas de dónde está su familiar', sostiene Montenegro, para quien 'no se pueden dejar en la impunidad todos los casos'.
Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que entre enero y la primera quincena de julio de 2019 se registraron 1.811 denuncias de personas desaparecidas. Un ritmo similar al de 2018, cuando en todo el año pasado hubo 3.679 denuncias, en un población que superó por poco los 6,5 millones de habitantes.
Fuera de las instalaciones del instituto forense en San Salvador se exhiben algunas fotografías de personas desaparecidas buscadas por sus familiares.
Entre ellas está la foto de Sandra Patricia Guatemala Ávalos, una ingeniera industrial de 50 años reportada como desaparecida el 30 de junio.
La mujer, que trabajaba en una empresa textil en San Salvador, fue vista por última vez en la zona donde residía, en la periferia sur de la ciudad.
'No hemos sabido nada, nada de ella, nadie se ha comunicado con nosotros, y como familia estamos preocupados, pedimos a las personas, a las autoridades que nos ayuden a localizarla', dice vía telefónica a la AFP el esposo de Sandra, que pide el anonimato.
El fiscal general, Raúl Melara, anunció recientemente la puesta en marcha de una unidad fiscal dedicada a investigar exclusivamente los casos de personas desaparecidas.
'Cuando hablamos de desapariciones es básico reaccionar rápido, hay que dar una respuesta a las familias para llevarles paz y siempre buscando aplicar la justicia a responsables de desapariciones', afirmó Melara.
En muchos casos, sin embargo, años después de la desaparición siguen sin hallarse rastros.
Desde el 23 de enero de 2015, la familia de Cristian Rivera lamenta su desaparición presuntamente a manos de pandilleros en el municipio de Mejicanos, en la periferia norte de San Salvador.
Cristian, entonces de 39 años, trabajaba como taxista. Su esposa Maritza (nombre ficticio) recuerda que ese día recibió una llamada de un cliente para que le hiciera un viaje. Nunca volvió.
El 20 de enero de 2018, luego de salir de clases de contaduría en una universidad privada de esa ciudad, Mireya Astrid, de 21 años, se esfumó y pasó a engrosar la larga lista de desaparecidos que, en muchos casos, han terminado siendo víctimas de la violencia.
En El Salvador se reportan a diario entre seis y ocho casos de personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.
'Todo este tiempo ha sido un suplicio', relata a la AFP vía telefónica Alfredo. 'No saber nada de mi hijita es angustiante, todos los días le pedimos a dios que aparezca, no pierdo esa esperanza, aunque es duro'.
La familia denunció su desaparición ante las autoridades, pero no ha tenido ninguna noticia sobre su paradero.
'No voy a descansar hasta encontrar a mi hija', sostiene Alfredo, que también pidió ayuda a través de las redes sociales para conseguir alguna pista.
Para el director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, la situación de los desaparecidos en la actualidad está 'ligada a la violencia' de las pandillas o maras, uno de los principales problemas que alegan los salvadoreños para emigrar masivamente.
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Respuesta contundente
'Los desaparecidos es un tema que demanda una respuesta contundente del aparato estatal, la gente sufre sin tener respuestas de dónde está su familiar', sostiene Montenegro, para quien 'no se pueden dejar en la impunidad todos los casos'.
Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que entre enero y la primera quincena de julio de 2019 se registraron 1.811 denuncias de personas desaparecidas. Un ritmo similar al de 2018, cuando en todo el año pasado hubo 3.679 denuncias, en un población que superó por poco los 6,5 millones de habitantes.
Fuera de las instalaciones del instituto forense en San Salvador se exhiben algunas fotografías de personas desaparecidas buscadas por sus familiares.
Entre ellas está la foto de Sandra Patricia Guatemala Ávalos, una ingeniera industrial de 50 años reportada como desaparecida el 30 de junio.
La mujer, que trabajaba en una empresa textil en San Salvador, fue vista por última vez en la zona donde residía, en la periferia sur de la ciudad.
'No hemos sabido nada, nada de ella, nadie se ha comunicado con nosotros, y como familia estamos preocupados, pedimos a las personas, a las autoridades que nos ayuden a localizarla', dice vía telefónica a la AFP el esposo de Sandra, que pide el anonimato.
Dar esperanza
El fiscal general, Raúl Melara, anunció recientemente la puesta en marcha de una unidad fiscal dedicada a investigar exclusivamente los casos de personas desaparecidas.
'Cuando hablamos de desapariciones es básico reaccionar rápido, hay que dar una respuesta a las familias para llevarles paz y siempre buscando aplicar la justicia a responsables de desapariciones', afirmó Melara.
En muchos casos, sin embargo, años después de la desaparición siguen sin hallarse rastros.
Desde el 23 de enero de 2015, la familia de Cristian Rivera lamenta su desaparición presuntamente a manos de pandilleros en el municipio de Mejicanos, en la periferia norte de San Salvador.
Cristian, entonces de 39 años, trabajaba como taxista. Su esposa Maritza (nombre ficticio) recuerda que ese día recibió una llamada de un cliente para que le hiciera un viaje. Nunca volvió.
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Su taxi fue encontrado por la Policía en la localidad de Colón, 20 km al oeste de San Salvador, en una zona asediada por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). Las autoridades presumen su desaparición está relacionada con ellos.
Poco después de desconocer el paradero de Cristian, ella y sus dos hijos de 15 y 7 años tuvieron que abandonar su casa en Mejicanos e irse a vivir a otro lugar, lejos, por temor a los pandilleros.
'Nos cambió la vida, ha sido duro, nos han dicho que ya no lo busquemos, que lo más seguro es que me lo mataron', dice Maritza con voz entrecortada a la AFP. 'Duele mucho aceptar eso'.
