WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS- 'Si no están aquí por un caso de detención, levanten la mano'. Un montón de brazos se extienden en el tribunal de inmigración de Arlington, cerca de
Washington. 'Sus audiencias fueron canceladas por el 'shutdown', pueden irse a casa', explica la funcionaria, en inglés y español.
Desde el 22 de diciembre, parte de las oficinas del gobierno federal de Estados Unidos se encuentran paralizadas por falta de acuerdo entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata sobre la inclusión en el presupuesto de una partida de 5,700 millones de dólares que el mandatario requiere para construir un muro en la frontera con México.
Paradójicamente, el conflicto, que en el fondo versa sobre la forma de responder a la llegada de inmigrantes al país, debilita un pilar central de la política migratoria: los 62 tribunales especializados en los casos de extranjeros en situación irregular, ya de por sí totalmente congestionados.
Desde que comenzó la parálisis presupuestaria, sus jueces solo examinan los casos 'urgentes', aquellos de migrantes detenidos. Todas las demás audiencias han sido suspendidas y los secretarios judiciales no están enviando notificaciones.
En la mañana del jueves, decenas de migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica, se apiñaban en el pequeño vestíbulo principal del tribunal de Arlington, en Virginia.
Algunos sabían que sus audiencias no tendrían lugar, pero pensaban obtener alguna información de utilidad sobre los pasos a seguir en sus casos. Otros lo descubrieron cuando la administradora de la corte vino a hablar al grupo.
'Hicimos un largo viaje, tuvimos que reservar una habitación de hotel, mi hija faltó a la escuela', explicó una mujer salvadoreña, que prefirió no dar su nombre. 'Ahora mi caso está atascado'.
Bajo la amenaza de una expulsión, ella introdujo hace más de un año una solicitud de naturalización basándose en el hecho de que su hija y su marido son estadounidenses, y esperaba poner fin a un episodio que ha angustiado a toda la familia.
'Es duro saber que tu madre podría tener que dejarte', aseguró su hija de 11 años, que ha pedido acompañarla en sus trámites.
'Agotador emocionalmente'
La situación es particularmente difícil para los niños, según Jen Podkul, de la asociación Kind, que ayuda a migrantes menores de edad. 'Preparar a estos niños para que cuenten sus historias es muy intenso, hay mucha ansiedad y mucho nerviosismo en la idea de ir a la corte. Que sus audiencias sean reagendadas es muy agotador emocionalmente' para ellos.
'También deja a estos pobres niños en el limbo por más tiempo respecto a lo que será de sus vidas. Es duro para ellos ir a la escuela, integrarse en la comunidad, en la familia con la que están viviendo, sin saber si se van a poder quedar', añade.
Y tendrán que vivir por más tiempo con estas interrogantes: mientras el 'shutdown' continúe, las audiencias no podrán ser reprogramadas. Y luego habrá que encontrar un hueco para sus audiencias en unos tribunales que ya están al borde de la asfixia.
Poco más de 800,000 casos están pendientes de resolverse en los tribunales de inmigración, donde trabajan unos 400 jueces, explica a la AFP Ashley Tabaddor, presidenta de la asociación nacional de jueces de inmigración.
'Tengo una colega que tiene 5,000 casos en espera, programados para los próximos dos o tres años', asegura.
Algunas audiencias, sobre todo al comienzo de un procedimiento, no duran más que cinco minutos y deben ser reprogramadas con facilidad. Pero la revisión a fondo de los casos toma 'de dos a tres horas', explica Ana Sami, una abogada especializada en temas migratorios. 'Va a ser difícil para un juez encontrar ese tiempo'.
¿Van a retrasar todo sus calendarios o programar las audiencias anuladas para los próximos meses? 'No sabemos', lamenta la abogada, destacando que durante ese tiempo los migrantes no encontrarán 'alivio', pues 'pueden ser detenidos en cualquier momento'.
Podkul destaca la 'ironía' de la situación, cuando los legisladores dicen que quieren solucionar la 'crisis' migratoria, pero en los hechos la empeoran. 'Si realmente quisieran atender el tema migratorio y decidir quién debe quedarse en el país y quien debe irse, lo que estarían haciendo sería financiar los tribunales de inmigración, contratar más jueces, secretarios y oficiales de asilo', asegura.
Desde el 22 de diciembre, parte de las oficinas del gobierno federal de Estados Unidos se encuentran paralizadas por falta de acuerdo entre el presidente Donald Trump y la oposición demócrata sobre la inclusión en el presupuesto de una partida de 5,700 millones de dólares que el mandatario requiere para construir un muro en la frontera con México.
Paradójicamente, el conflicto, que en el fondo versa sobre la forma de responder a la llegada de inmigrantes al país, debilita un pilar central de la política migratoria: los 62 tribunales especializados en los casos de extranjeros en situación irregular, ya de por sí totalmente congestionados.
Desde que comenzó la parálisis presupuestaria, sus jueces solo examinan los casos 'urgentes', aquellos de migrantes detenidos. Todas las demás audiencias han sido suspendidas y los secretarios judiciales no están enviando notificaciones.
En la mañana del jueves, decenas de migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica, se apiñaban en el pequeño vestíbulo principal del tribunal de Arlington, en Virginia.
Algunos sabían que sus audiencias no tendrían lugar, pero pensaban obtener alguna información de utilidad sobre los pasos a seguir en sus casos. Otros lo descubrieron cuando la administradora de la corte vino a hablar al grupo.
'Hicimos un largo viaje, tuvimos que reservar una habitación de hotel, mi hija faltó a la escuela', explicó una mujer salvadoreña, que prefirió no dar su nombre. 'Ahora mi caso está atascado'.
Bajo la amenaza de una expulsión, ella introdujo hace más de un año una solicitud de naturalización basándose en el hecho de que su hija y su marido son estadounidenses, y esperaba poner fin a un episodio que ha angustiado a toda la familia.
'Es duro saber que tu madre podría tener que dejarte', aseguró su hija de 11 años, que ha pedido acompañarla en sus trámites.
'Agotador emocionalmente'
La situación es particularmente difícil para los niños, según Jen Podkul, de la asociación Kind, que ayuda a migrantes menores de edad. 'Preparar a estos niños para que cuenten sus historias es muy intenso, hay mucha ansiedad y mucho nerviosismo en la idea de ir a la corte. Que sus audiencias sean reagendadas es muy agotador emocionalmente' para ellos.
'También deja a estos pobres niños en el limbo por más tiempo respecto a lo que será de sus vidas. Es duro para ellos ir a la escuela, integrarse en la comunidad, en la familia con la que están viviendo, sin saber si se van a poder quedar', añade.
Y tendrán que vivir por más tiempo con estas interrogantes: mientras el 'shutdown' continúe, las audiencias no podrán ser reprogramadas. Y luego habrá que encontrar un hueco para sus audiencias en unos tribunales que ya están al borde de la asfixia.
Poco más de 800,000 casos están pendientes de resolverse en los tribunales de inmigración, donde trabajan unos 400 jueces, explica a la AFP Ashley Tabaddor, presidenta de la asociación nacional de jueces de inmigración.
'Tengo una colega que tiene 5,000 casos en espera, programados para los próximos dos o tres años', asegura.
Algunas audiencias, sobre todo al comienzo de un procedimiento, no duran más que cinco minutos y deben ser reprogramadas con facilidad. Pero la revisión a fondo de los casos toma 'de dos a tres horas', explica Ana Sami, una abogada especializada en temas migratorios. 'Va a ser difícil para un juez encontrar ese tiempo'.
¿Van a retrasar todo sus calendarios o programar las audiencias anuladas para los próximos meses? 'No sabemos', lamenta la abogada, destacando que durante ese tiempo los migrantes no encontrarán 'alivio', pues 'pueden ser detenidos en cualquier momento'.
Podkul destaca la 'ironía' de la situación, cuando los legisladores dicen que quieren solucionar la 'crisis' migratoria, pero en los hechos la empeoran. 'Si realmente quisieran atender el tema migratorio y decidir quién debe quedarse en el país y quien debe irse, lo que estarían haciendo sería financiar los tribunales de inmigración, contratar más jueces, secretarios y oficiales de asilo', asegura.
