“Puedo confirmarle que este no es un acuerdo de tercer país seguro”, afirmó McAleenan en conferencia de prensa en la Casa Presidencial tras sostener una prolongada reunión con el presidente Nayib Bukele, la canciller Alexandra Hill Tinoco y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, para analizar la colaboración en materia de seguridad regional.
'Esta es una carta de intención de colaborar de manera amplia en la aplicación de la ley y contrarrestar a las pandillas, aumentar la seguridad fronteriza, compartir información y vitalidad económica, así como apoyar la propia iniciativa de los salvadoreños para desarrollar la capacidad de asilo y protección', agregó el funcionario estadounidense.
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El concepto de “tercer país seguro” se refiere a que una nación puede rechazar conceder asilo a una persona y canalizarla a un tercer país que se considere tenga condiciones adecuadas de seguridad para el individuo.
Bukele aprovechó para señalar que las medidas inmediatas que van a aplicar para combatir la migración irregular son las mismas que han estado implementando desde que asumió el poder el 1 de junio, “pero lo vamos a empoderar todavía más”.
Explicó que entre lo pactado está la implementación de las patrullas fronterizas, que aseguró “las hemos estado haciendo desde hace varias semanas y han tenido bastante éxito porque hemos arrestado traficantes de personas, contrabandistas y pandilleros que quieren cruzar la frontera”.
Los funcionarios acordaron también compartir información para combatir el narcotráfico y otros delitos que se cometen en los aeropuertos y fronteras con documentos falsos.
McAleenan felicitó a Bukele por sus iniciativas para mejorar la seguridad y la situación económica del país y aseguró que “han hecho un gran esfuerzo”.
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“Puedo confirmar las cifras de los ciudadanos salvadoreños que llegan a la frontera sur (de Estados Unidos). En mayo más de 16.000 y ahora estamos en agosto con 6.000, así que estamos esperando un 60% de reducción en los tres meses que el presidente Bukele tomó posesión. Es un progreso significativo en términos de la migración forzada desde El Salvador”, manifestó.
A su llegada al país McAleenan se reunió en privado con el personal diplomático estadounidense y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que apoyan los esfuerzos contra la delincuencia en El Salvador.
Defensores de los derechos de los migrantes han criticado las reuniones entre los funcionarios estadounidenses y salvadoreños “porque como sociedad civil desconocemos las agendas que están desarrollando”, dijo a The Associated Press César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI).
“Lo que se observa en el entorno parece ser muy coincidente con estas visitas. Tenemos Guatemala con un documento ya firmado, México con una frontera militarizada, Panamá con una propuesta por firmar como tercer país seguro, pero en El Salvador y Honduras no tenemos certeza de cuál es la propuesta”, añadió Ríos.
Criticó que el tema de la migración irregular sea abordado como un problema de seguridad nacional y que El Salvador se haya comprometido a controlar las fronteras, ya que consideró que ello puede perjudicar, impedir el paso de aquellas familias y personas que están huyendo de la violencia y que el país no tiene la capacidad de proteger.
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Esta es la tercera visita de funcionarios estadounidenses de alto nivel que recibe El Salvador en los últimos meses. El 21 de julio el secretario de Estado Mike Pompeo conversó con Bukele sobre la migración irregular, y en los primeros días de agosto la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, llegó para observar los esfuerzos para detener la migración ilegal a través de programas de prevención de la violencia, fomento del desarrollo económico y atracción de inversiones.
Bukele se ha comprometido con los funcionarios estadounidenses a trabajar para eliminar la migración no autorizada y ha prometido “arreglar nuestros problemas y los problemas comunes que tenemos Estados Unidos y nosotros, como la lucha contra las pandillas”.
El mandatario ha reconocido que los salvadoreños siguen saliendo del país en busca del llamado “sueño americano” porque “hemos tenido un Estado que se ha olvidado de su población, que los ha dejado en el abandono, en la pobreza, en la marginación, la exclusión de todo tipo”. Por eso, ha asegurado que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños con el fin de que la migración sea una opción y no una obligación.
Se estima que más de 2.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de los cuales 179,000 cuentan con el llamado estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, que los protege de ser deportados. El vencimiento del TPS está previsto para septiembre de este año y el gobierno salvadoreño hace esfuerzos para conseguir una prórroga.
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