FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- En un contundente movimiento, varias organizaciones civiles han anunciado la presentación de la primera demanda contra el gobernador Ron DeSantis, por la recientemente aprobada ley migratoria SB 1718.
Esta legislación ha generado una gran controversia y ha sido duramente criticada por su inducción a la discriminación racial y a la violación de los derechos fundamentales de las personas.
La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y se centrará específicamente en las disposiciones de la Sección 10, que criminaliza el transporte a Florida de personas que pueden haber ingresado al país sin inspección federal.
Esta acción legal es liderada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, quienes alegan que la nueva ley viola los principios fundamentales de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de los Estados Unidos.
Además, argumentan que la legislación podría afectar negativamente no solo a las comunidades migrantes, sino a cada indiciduo del Estado fomentando un clima de temor y hostilidad.
Las organizaciones civiles que presentarán la demanda sostienen que la ley atenta contra los derechos humanos, perpetuando estereotipos y prejuicios hacia la comunidad migrante y que además destruye las contribuciones económicas de los inmigrantes.
Migrantes llaman esta nueva legislación ‘Ley DeSantis’
La ley antimigrante, firmada por el gobernador republicano y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, impone restricciones adicionales a los inmigrantes y refuerza la colaboración entre las agencias estatales y las autoridades de inmigración entró este sábado (1 de julio) en vigor, castiga severamente la inmigración irregular y a las empresas y personas que den empleo o ayuden a los inmigrantes indocumentados.
Además exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencias pedir el estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención que tuvieron los pacientes.
Deroga una ley que permite a los abogados que practiquen mientras regulan su estatus migratorio, penaliza hasta con 15 años de cárcel a quienes transporten personas indocumentadas, entre otras disposiciones.
