Un joven murió el viernes de un disparo de arma de fuego en el suroeste de Venezuela y se elevaron a ocho los fallecidos en menos de una semana en la que recrudecieron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta nuevas presiones tras las sanciones del Departamento del Tesoro a ocho jueces del Tribunal Supremo.
Daniel Rodríguez, de 17 años, murió en un centro de salud adonde había ingresado cerca de la medianoche del jueves herido en la cabeza durante una reunión de vecinos de la localidad de Santa Ana del Táchira, en el estado de Táchira, que fue atacada por un motorizado armado, indicó a The Associated Press la alcaldesa de esa población, Virginia Vivas.
Entre el lunes y el viernes cinco personas fallecieron en Táchira, una en el estado de Barinas, otra en la localidad de San Antonio a las afueras de Caracas y otra en la ciudad de Maracaibo.
Ante el recrudecimiento de las protestas y los saqueos a decenas de comercios el gobierno envió 2.600 militares a Táchira, estado fronterizo con Colombia, pero las manifestaciones no han cesado ni se ha logrado contener la acción de motorizados armados en las calles, denunciaron autoridades estatales y dirigentes empresariales.
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Durante la madrugada del viernes en la localidad suroccidental de Tovar, en el estado de Mérida, se registraron violentos disturbios callejeros que culminaron en enfrentamientos entre los habitantes de esa población y las fuerzas de seguridad que dejaron varias decenas de heridos, entre ellos algunos guardias nacionales, reportaron medios locales. Algunos de los manifestantes atacaron e incendiaron la entrada del comando de la Guardia Nacional de esa localidad, la tercera instalación militar atacada en lo que va de esta semana.
Durante las siete semanas de protestas contra el gobierno de Maduro han fallecido 49 personas, aunque la Fiscalía General solo reconoce 44; más de 900 han resultado heridas y varios centenares han sido detenidas.
Las manifestaciones comenzaron a fines de marzo a raíz de dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados, que luego revirtió.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó la víspera al presidente del máximo tribunal venezolano, Maikel Moreno, y a los siete magistrados de la Sala Constitucional que fueron responsabilizados de usurpar con sus sentencias la autoridad del Congreso.
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La medida, la segunda que toma la administración de Donald Trump contra funcionarios venezolanos, contempla el congelamiento de los bienes en Estados Unidos de los ocho magistrados.
En febrero el Departamento de Tesoro había sancionado al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por narcotráfico. Las autoridades estadounidenses acusaron a El Aissami de facilitar el envío de drogas desde Venezuela a través del control de los aviones y las rutas aéreas e indicó que poseía múltiples cargamentos de estupefacientes, algunos de los cuales tenían como destino México y Estados Unidos.
Más de media docena de funcionarios, militares y políticos venezolanos han sido sancionados por el Departamento de Tesoro en una década.
