Caracas, Venezuela
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó este martes enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso de Odebrecht, aunque sus decisiones son consideradas nulas por la máxima corte de justicia.
En una sesión sin acceso a la prensa -impedido por la policía militarizada-, los opositores acogieron el pedido de antejuicio de mérito hecho por jueces de una corte suprema de justicia paralela y en el exilio, que, reunidos el 9 de abril en Bogotá, demandaron también la captura de Maduro.
'Existen méritos suficientes para continuar con el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue' al presidente, dice la resolución, aprobada por 105 diputados y rechazada por los únicos dos oficialistas presentes en el plenario.
Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró al Parlamento en desacato desde que en 2016 la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió 112 de las 167 curules, por lo que anula sistemáticamente sus acuerdos.
El jefe legislativo, Omar Barboza, consideró que 'con un pueblo recogiendo comida de la basura', sería una traición al mandato popular ignorar la solicitud de los magistrados designados por esa cámara.
Por su parte el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, aseguró que la decisión legislativa carece de 'legitimidad', y tildó de 'show' y acto 'bufo' la resolución de la corte paralela, cuyos magistrados -dijo- 'son prófugos de la justicia al usurpar funciones'.
Maduro ya enfrentó el año pasado un proceso de antejuicio en el Parlamento, también simbólico, acusado de la debacle socioeconómica que sufre el país petrolero, con escasez de alimentos e hiperinflación.
Pese al malestar popular, buscará la reelección en los cuestionados comicios anticipados del 20 de mayo, desconocidos por países de América y Europa por 'falta de garantías'.
'Juegos artificiales'
Expertos opinan que se trata más de un acto político que jurídico por fallas de procedimiento, pues un antejuicio debe de ser aprobado por la Sala Plena, de 32 magistrados, y, además, por el control institucional que tiene el oficialismo.
'Son juegos artificiales, no será más que un ruido político. Cuando se tiene el control interno, armado e institucional, estás en una posición fuerte para aguantar' este tipo de acciones, comentó a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
Para el constitucionalista José Ignacio Hernández la cuestión del juicio 'se está manejando con poca precisión jurídica, y sin mayor sentido práctico'.
Tras cuatro meses de violentas protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos, el Parlamento nombró en julio de 2017 a 13 magistrados titulares y 20 suplentes para reemplazar a parte del TSJ oficialista.
No obstante, los jueces se exiliaron en Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, luego de que Maduro amenazó con encarcelarlos por 'usurpadores' y tres de ellos llegaron a ser detenidos.
Esos magistrados, que sesionan virtualmente desde donde están exiliados, pidieron el antejuicio tras acoger a su vez una solicitud contra Maduro presentada por la exfiscal general Luisa Ortega, quien huyó en agosto de 2017 tras ser destituida por la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos.
'Mamarrachada'
Durante la sesión en Bogotá, Ortega presentó documentos que según ella demostrarían que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, y pidió acusarlo de delitos de 'corrupción propia y legitimación de capitales'.
'Este es uno de los muchos juicios que se han debido ventilar contra Nicolás Maduro, quien también tiene que ser enjuiciado (...) por la emergencia humanitaria' en el país, dijo en su intervención el legislador Tomás Guanipa.
El diputado oficialista Juan Marín consideró la acción como una 'mamarrachada'. 'Esto no tienen ninguna consecuencia legal, es un intento de golpe de Estado', aseguró en la tribuna.
Para Salamanca, la resolución legislativa terminará siendo un 'capítulo más de la saga' de 'caos' que viven los venezolanos, y que refleja la 'falta de estrategia clara y unitaria de la oposición para encarar el grave reto que le plantea un régimen autoritario'.
La MUD está profundamente dividida y decidió boicotear las elecciones, sin apoyar al opositor disidente del chavismo, Henri Falcón, que decidió enfrentar a Maduro en solitario.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó este martes enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso de Odebrecht, aunque sus decisiones son consideradas nulas por la máxima corte de justicia.
En una sesión sin acceso a la prensa -impedido por la policía militarizada-, los opositores acogieron el pedido de antejuicio de mérito hecho por jueces de una corte suprema de justicia paralela y en el exilio, que, reunidos el 9 de abril en Bogotá, demandaron también la captura de Maduro.
'Existen méritos suficientes para continuar con el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue' al presidente, dice la resolución, aprobada por 105 diputados y rechazada por los únicos dos oficialistas presentes en el plenario.
Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró al Parlamento en desacato desde que en 2016 la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió 112 de las 167 curules, por lo que anula sistemáticamente sus acuerdos.
El jefe legislativo, Omar Barboza, consideró que 'con un pueblo recogiendo comida de la basura', sería una traición al mandato popular ignorar la solicitud de los magistrados designados por esa cámara.
Por su parte el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, aseguró que la decisión legislativa carece de 'legitimidad', y tildó de 'show' y acto 'bufo' la resolución de la corte paralela, cuyos magistrados -dijo- 'son prófugos de la justicia al usurpar funciones'.
Maduro ya enfrentó el año pasado un proceso de antejuicio en el Parlamento, también simbólico, acusado de la debacle socioeconómica que sufre el país petrolero, con escasez de alimentos e hiperinflación.
Pese al malestar popular, buscará la reelección en los cuestionados comicios anticipados del 20 de mayo, desconocidos por países de América y Europa por 'falta de garantías'.
'Juegos artificiales'
Expertos opinan que se trata más de un acto político que jurídico por fallas de procedimiento, pues un antejuicio debe de ser aprobado por la Sala Plena, de 32 magistrados, y, además, por el control institucional que tiene el oficialismo.
'Son juegos artificiales, no será más que un ruido político. Cuando se tiene el control interno, armado e institucional, estás en una posición fuerte para aguantar' este tipo de acciones, comentó a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
Para el constitucionalista José Ignacio Hernández la cuestión del juicio 'se está manejando con poca precisión jurídica, y sin mayor sentido práctico'.
Tras cuatro meses de violentas protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos, el Parlamento nombró en julio de 2017 a 13 magistrados titulares y 20 suplentes para reemplazar a parte del TSJ oficialista.
No obstante, los jueces se exiliaron en Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, luego de que Maduro amenazó con encarcelarlos por 'usurpadores' y tres de ellos llegaron a ser detenidos.
Esos magistrados, que sesionan virtualmente desde donde están exiliados, pidieron el antejuicio tras acoger a su vez una solicitud contra Maduro presentada por la exfiscal general Luisa Ortega, quien huyó en agosto de 2017 tras ser destituida por la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos.
'Mamarrachada'
Durante la sesión en Bogotá, Ortega presentó documentos que según ella demostrarían que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, y pidió acusarlo de delitos de 'corrupción propia y legitimación de capitales'.
'Este es uno de los muchos juicios que se han debido ventilar contra Nicolás Maduro, quien también tiene que ser enjuiciado (...) por la emergencia humanitaria' en el país, dijo en su intervención el legislador Tomás Guanipa.
El diputado oficialista Juan Marín consideró la acción como una 'mamarrachada'. 'Esto no tienen ninguna consecuencia legal, es un intento de golpe de Estado', aseguró en la tribuna.
Para Salamanca, la resolución legislativa terminará siendo un 'capítulo más de la saga' de 'caos' que viven los venezolanos, y que refleja la 'falta de estrategia clara y unitaria de la oposición para encarar el grave reto que le plantea un régimen autoritario'.
La MUD está profundamente dividida y decidió boicotear las elecciones, sin apoyar al opositor disidente del chavismo, Henri Falcón, que decidió enfrentar a Maduro en solitario.
