SAN SALVADOR, EL SALVADOR.— Organizaciones sociales y grupos de feligreses salvadoreños marcharon el miércoles hasta los tribunales de justicia para exigir que se agilice la investigación del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, pocos días antes de que el arzobispo fallecido en 1980 sea canonizado en el Vaticano.
“Lo que estamos pidiendo es que se procese y se condena a los asesinos”, dijo a la AP, Catalina Santillana, mientras portaba un letrero demandando “justicia”.
“Vamos a buscar justicia para San Romero de América, queremos que procesen a los implicados. Hay suficientes testimonios, hay informes con los nombre de los asesinos”, agregó Wilfredo Berríos del Frente Social y Sindical Salvadoreño.
Más de un centenar de miembros de organizaciones populares que se denominan “romeristas” se congregaron frente a una plaza con la estatua de Romero y luego marcharon hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez para entregar la petición de “pronto juicio a los asesinos de monseñor Romero”.
Muchos portaban carteles y camisas con fotos del beato.
En mayo de 2017, un año después de que la Corte Suprema de Justicia decretara inconstitucional la ley de amnistía, el juez Rigoberto Chicas de San Salvador ordenó reabrir la investigación judicial por la ejecución extrajudicial del arzobispo, pero el juicio no registra avances para procesar a los autores materiales e intelectuales.
Los abogados de la oficina de Tutela Legal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han presentado al juez los informes de las investigaciones del caso desarrolladas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, así como el informe y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Tutela Legal, en los informes se menciona a personas que integraban el llamado “escuadrón de la muerte”, que presuntamente participaron en el magnicidio.
En 2010, el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) reconoció la responsabilidad histórica del Estado en el asesinato de Romero, que aseguró 'fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte' y pidió perdón por el magnicidio. Sin embargo, los responsables materiales del crimen no fueron procesados debido a la amnistía promulgada por el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en 1993.
Romero —'La Voz de los sin voz', como le llamaron por abogar por los más pobres e indefensos durante la represión impulsada por los militares en los años 70—, fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba misa en la capilla La Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El arzobispo salvadoreño fue beatificado en mayo de 2015 por la Iglesia católica en San Salvador en una emotiva ceremonia que elevó al sacerdote a la categoría de beato y mártir, 35 años después de que fuera asesinado.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el ya fallecido mayor Roberto d'Aubuisson, fundador del partido derechista Arena, que gobernó el país durante 20 años (1989-2004).
“Lo que estamos pidiendo es que se procese y se condena a los asesinos”, dijo a la AP, Catalina Santillana, mientras portaba un letrero demandando “justicia”.
“Vamos a buscar justicia para San Romero de América, queremos que procesen a los implicados. Hay suficientes testimonios, hay informes con los nombre de los asesinos”, agregó Wilfredo Berríos del Frente Social y Sindical Salvadoreño.
Más de un centenar de miembros de organizaciones populares que se denominan “romeristas” se congregaron frente a una plaza con la estatua de Romero y luego marcharon hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez para entregar la petición de “pronto juicio a los asesinos de monseñor Romero”.
Muchos portaban carteles y camisas con fotos del beato.
En mayo de 2017, un año después de que la Corte Suprema de Justicia decretara inconstitucional la ley de amnistía, el juez Rigoberto Chicas de San Salvador ordenó reabrir la investigación judicial por la ejecución extrajudicial del arzobispo, pero el juicio no registra avances para procesar a los autores materiales e intelectuales.
Los abogados de la oficina de Tutela Legal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han presentado al juez los informes de las investigaciones del caso desarrolladas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, así como el informe y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Tutela Legal, en los informes se menciona a personas que integraban el llamado “escuadrón de la muerte”, que presuntamente participaron en el magnicidio.
En 2010, el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) reconoció la responsabilidad histórica del Estado en el asesinato de Romero, que aseguró 'fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte' y pidió perdón por el magnicidio. Sin embargo, los responsables materiales del crimen no fueron procesados debido a la amnistía promulgada por el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en 1993.
Romero —'La Voz de los sin voz', como le llamaron por abogar por los más pobres e indefensos durante la represión impulsada por los militares en los años 70—, fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba misa en la capilla La Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El arzobispo salvadoreño fue beatificado en mayo de 2015 por la Iglesia católica en San Salvador en una emotiva ceremonia que elevó al sacerdote a la categoría de beato y mártir, 35 años después de que fuera asesinado.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el ya fallecido mayor Roberto d'Aubuisson, fundador del partido derechista Arena, que gobernó el país durante 20 años (1989-2004).
