CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Un tribunal de Guatemala condenó este viernes a la fiscal anticorrupción Virginia Laparra a cuatro años de prisión en un polémico y acelerado juicio, en una sentencia criticada por organizaciones de derechos humanos.
La jueza Oly González anunció que Laparra “es responsable en grado de autora del delito de abuso de autoridad de forma continuada cometido en contra de la administración pública [...] y se le impone la pena de cuatro años de prisión conmutables”.
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“Es una aberración jurídica y un terrible precedente”, declaró llorando Laparra, quien lleva 10 meses en prisión pero podrá salir anticipadamente en libertad si paga una fianza, por tratarse de una pena conmutable.
El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de un controvertido juez que fue investigado por la acusada antes de caer en desgracia y ser detenida, el 23 de febrero.
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El tribunal también inhabilitó a Laparra para ocupar cargos públicos mientras cumpla su condena, pero podrá ejercer como abogada, un revés para la fiscalía que había pedido inhabilitarla del todo y que fuera condenada a ocho años de prisión inconmutables.
“Esta sentencia condenatoria es un ejemplo más de la criminalización de operadores de justicia en Guatemala [...]. Virginia Laparra es una presa de conciencia que está pagando un alto precio por ejercer su labor de fiscal anticorrupción”, reaccionó la directora para la Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas.
Poema de Albert Camus
Al terminar la audiencia, la fiscal salió del tribunal esposada, escoltada por dos mujeres guardias de presidio, mientras medio centenar de activistas coreaban consignas como “Virginia es inocente” y “fuera los corruptos”.
“Estamos en un momento difícil en el país y esto es un terrible precedente porque nunca más un fiscal se va a atrever a presentar una denuncia”, declaró Laparra, ya esposada por las guardias, a periodistas.
Antes de ser llevada de vuelta a prisión, Laparra leyó parte del poema “Un verano invencible” del escritor francés Albert Camus (1913-1960): “En medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible”.
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“Venganza”
Al hacer sus descargos el jueves, Laparra declaró entre lágrimas que era víctima de una persecución.
También afirmó que los cargos en su contra eran “una venganza” de una polémica entidad de derecha, querellante en este juicio, célebre por defender a políticos denunciados por corrupción y a militares acusados de haber cometido crímenes durante en la guerra civil (1960-1996).
Aseguró que la denominada Fundación Contra el Terrorismo siempre se opuso a la lucha contra la corrupción: resistió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente investigador que operó con aval de la ONU entre 2007 y 2019, y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), donde sirvió durante seis años.
Laparra era jefa de la FECI en Quetzaltenango, en el oeste de Guatemala, y fue arrestada y separada de sus funciones en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción.
Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.
La CICIG era un ente adscrito a la ONU que indagó casos de corrupción durante su mandato, y operaba como una suerte de fiscalía paralela debido a la existencia de mafias enquistadas en las esferas del Estado.
Primera condena
El juicio contra Laparra comenzó el 29 de noviembre en medio de manifestaciones de activistas afuera del tribunal para exigir su liberación.
Estados Unidos afirma que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, emprendió una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG.
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Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra fue la primera en ser llevada a juicio y condenada.
