LIMA, PERÚ. -El presidente peruano
Martín Vizcarra vetó parcialmente una ley para beneficiar a los presos ancianos que eventualmente permitiría que el expresidente
Alberto Fujimori cumpla una condena de prisión en su domicilio.
“Perú sí necesita una norma que posibilite que personas de avanzada edad que tengan problemas de salud puedan seguir arresto domiciliario. Estamos de acuerdo con ello, pero necesitamos una norma que sea debatida a profundidad, que vea todas las aristas posibles para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad”, dijo el mandatario el lunes en declaraciones a periodistas.
El 11 de octubre el Congreso aprobó una norma que establece una ejecución humanitaria de la pena para los ancianos que no tengan cadena perpetua o no representen un peligro para la sociedad.
El analista Juan Paredes Castro explicó a The Associated Press que “al final de cuentas el espíritu de la ley puede favorecer al expresidente (Fujimori) dada su situación delicada, porque de lo que se trata es que nadie debe morir en la cárcel siempre y cuando no tenga una condena perpetua ni sea un peligro para la sociedad”.
Son momentos difíciles para los Fujimori. La hija del exmandatario, Keiko, está acusada de encabezar un grupo criminal para lavar 1,2 millón de dólares que la compañía brasileña Odebrecht le habría dado para la campaña presidencial de 2011. La excandidata, que estuvo detenida durante una semana hasta el jueves pasado, negó haber recibido dinero de la constructora brasileña y afirmó que su detención es una persecución política de sus enemigos.
Fu jimori fue el primer presidente de Perú condenado por violaciones a los derechos humanos. En 2009 la justicia lo sentenció a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos por parte de un escuadrón militar durante la guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.
El exmandatario (1990-2000) fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a fines del año pasado, pero a comienzos de octubre un juez supremo anuló el perdón luego de que los abogados de las víctimas pidieran el cumplimiento de la sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a la justicia peruana analizar la validez del indulto.
Fujimori, de 80 años, se internó en una clínica de Lima aduciendo males cardiacos y hasta la fecha no ha retornado a la cárcel.
La norma en cuestión, presentada por una legisladora del partido fujimorista F uerza Popular, beneficia a los mayores de 75 años con enfermedades graves o crónicas que hayan cumplido un tercio de su condena. A su vez, establece que no podrán recibir el beneficio los sentenciados por terrorismo, sicariato, feminicidio, violación, narcotráfico agravado ni los condenados a perpetuidad.
En medio de la situación, el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, presentó una licencia temporal como miembro de ese partido aduciendo que lo hace para “mantener la imparcialidad que ha primado en cada una de mis decisiones como presidente” del órgano legislativo, donde se tramitará la ley señalada.
El Congreso tiene la posibilidad de tratar nuevamente el proyecto legal para acoger el veto, negarlo o insistir en su aprobación.
Fuerza Popular domina el Parlamento peruano y tiene relaciones tensas con el gobierno de Vizcarra, quien impulsa un referendo para el 9 de diciembre con el fin de reformar el sistema judicial y político.
“Perú sí necesita una norma que posibilite que personas de avanzada edad que tengan problemas de salud puedan seguir arresto domiciliario. Estamos de acuerdo con ello, pero necesitamos una norma que sea debatida a profundidad, que vea todas las aristas posibles para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad”, dijo el mandatario el lunes en declaraciones a periodistas.
El 11 de octubre el Congreso aprobó una norma que establece una ejecución humanitaria de la pena para los ancianos que no tengan cadena perpetua o no representen un peligro para la sociedad.
El analista Juan Paredes Castro explicó a The Associated Press que “al final de cuentas el espíritu de la ley puede favorecer al expresidente (Fujimori) dada su situación delicada, porque de lo que se trata es que nadie debe morir en la cárcel siempre y cuando no tenga una condena perpetua ni sea un peligro para la sociedad”.
Son momentos difíciles para los Fujimori. La hija del exmandatario, Keiko, está acusada de encabezar un grupo criminal para lavar 1,2 millón de dólares que la compañía brasileña Odebrecht le habría dado para la campaña presidencial de 2011. La excandidata, que estuvo detenida durante una semana hasta el jueves pasado, negó haber recibido dinero de la constructora brasileña y afirmó que su detención es una persecución política de sus enemigos.
Fu jimori fue el primer presidente de Perú condenado por violaciones a los derechos humanos. En 2009 la justicia lo sentenció a 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos por parte de un escuadrón militar durante la guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.
El exmandatario (1990-2000) fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a fines del año pasado, pero a comienzos de octubre un juez supremo anuló el perdón luego de que los abogados de las víctimas pidieran el cumplimiento de la sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a la justicia peruana analizar la validez del indulto.
Fujimori, de 80 años, se internó en una clínica de Lima aduciendo males cardiacos y hasta la fecha no ha retornado a la cárcel.
La norma en cuestión, presentada por una legisladora del partido fujimorista F uerza Popular, beneficia a los mayores de 75 años con enfermedades graves o crónicas que hayan cumplido un tercio de su condena. A su vez, establece que no podrán recibir el beneficio los sentenciados por terrorismo, sicariato, feminicidio, violación, narcotráfico agravado ni los condenados a perpetuidad.
En medio de la situación, el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, presentó una licencia temporal como miembro de ese partido aduciendo que lo hace para “mantener la imparcialidad que ha primado en cada una de mis decisiones como presidente” del órgano legislativo, donde se tramitará la ley señalada.
El Congreso tiene la posibilidad de tratar nuevamente el proyecto legal para acoger el veto, negarlo o insistir en su aprobación.
Fuerza Popular domina el Parlamento peruano y tiene relaciones tensas con el gobierno de Vizcarra, quien impulsa un referendo para el 9 de diciembre con el fin de reformar el sistema judicial y político.
