Montano es el único acusado en el juicio de la Audiencia Nacional española después de que el tribunal eximió esta semana como acusado a un teniente del ejército de El Salvador y miembro del batallón que mató a los sacerdotes en la Universidad Centroamericana, o UCA, en San Salvador. René Yusshy Mendoza, que durante la investigación confesó su participación, asistirá finalmente al juicio como testigo.
Montano ejerció como vice ministro de Seguridad Pública de su país entre mediados de 1989, el año de los asesinatos, y hasta que fue cesado al final de la guerra civil de doce años, en 1992.
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Se enfrenta a 150 años de prisión por presuntos crímenes contra la humanidad y el asesinato del padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, y otros cuatro sacerdotes nacidos en España que mediaban en las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN.
Una comisión de la verdad en El Salvador concluyó que el ataque fue planificado y autorizado por altos rangos militares para descarrilar el proceso de paz. Los culpables fueron amnistiados en 1993. La comisión también halló que Montano estuvo presente en al menos dos de las reuniones previas a la masacre.
Desde una silla de ruedas y con la cara semicubierta por una mascarilla, como el resto de asistentes a la sesión judicial, el coronel retirado describió la volátil situación del país en los días anteriores a los asesinatos. La entrada de militantes del FMLN en la capital del país había provocado un intenso debate dentro del gobierno sobre la respuesta que éste debía proporcionar.
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Montano, que se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones o fiscalía y sólo respondió a las de su abogado defensor, admitió participar la víspera de los asesinatos en una reunión a la que asistieron el presidente del gobierno, que en aquel momento ejercía Alfredo Cristiani, su aparato de seguridad y la plana mayor del ejército, pero negó que allí se discutiese atacar a los jesuitas.
“En ningún momento ni el gobierno ni nosotros en el alto mando estuvimos de acuerdo que se hubiese llegado a esa situación,” señaló. “Es más, en lo personal, yo siempre pensé que había sido el FMLN el que había cometido ese asesinato. No hubo por parte mía una acusación en contra de la UCA o a las autoridades de la UCA.”
Montano también indicó que desde su puesto a cargo de la seguridad pública del país, él supervisaba la policía nacional y de fronteras, pero que no tenía potestad sobre el ejército, que estaba en manos del viceministro de Seguridad Nacional.
El ex coronel argumentó que si hubiese participado en los hechos Estados Unidos no le habría otorgado un visado para residir y trabajar en aquel país.
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Montano cumplió dos años de prisión por fraude inmigratorio en Estados Unidos antes de ser extraditado a España en 2017.
El Salvador se ha negado a extraditar a otros 16 sospechosos que la Audiencia Nacional de España acusó en el mismo caso.
La indignación por la masacre del 16 de noviembre de 1989 dio pie a una investigación legislativa en Estados Unidos que halló que los miembros de las fuerzas que mataron a los sacerdotes fueron entrenados por las fuerzas armadas estadounidenses.
Ellacuría era conocido como uno de los grandes teólogos de la liberación, la corriente ideológica de marcado acento social que se propagó desde la década de 1960 sobre todo en América Latina. Sus contactos con todas las partes del conflicto se consideran clave en la negociación de los acuerdos que pusieron fin al conflicto civil salvadoreño.
