California, Estados Unidos.-La junta de supervisores y la jefa de la oficina del alguacil del condado de San Diego (California) se encuentran enfrentados en sobre colaborar o no con las autoridades de inmigración cuando el presidente electo, Donald Trump, inicie su plan de deportación masiva.
El gobierno condal, que comparte frontera con México, aprobó por mayoría una nueva medida que prohíbe usar recursos, personal o tiempo para colaborar con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que tendrá un papel fundamental en las aspiraciones de Trump de llevar a cabo la mayor deportación en la historia del país.
La medida, propuesta por Nora Vargas, la primera mujer, latina e hija de inmigrantes en presidir la junta, busca “defender a las familias de San Diego”, según explicó.
Pero apenas se aprobó la medida preventiva, la jefa del Departamento del Alguacil de San Diego, Kelly Martínez, declaró que su responsabilidad es distinta e independiente a la de los supervisores y mantendrá al ICE informado sobre cuándo y dónde serán liberados indocumentados que terminen sentencias de prisión del condado.
“La alguacil, como funcionaria electa de forma independiente, establece las políticas para el Departamento del Alguacil. La ley de California prohíbe a la Junta de Supervisores interferir con las funciones de investigación independientes... y es claro que la alguacil tiene la autoridad única y exclusiva para operar las cárceles del condado”, dijo Martínez en declaraciones escritas.
Adriana Jasso, dirigente local del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, dijo a EFE que le “sorprende este intento de distanciamiento de alguacil hacia la junta de supervisores y que quiera presentarse como agencia independiente de mano dura”.
La activista indicó que la decisión de la junta es continuación de décadas de trabajo estatal y local para proteger a la comunidad inmigrante, una labor en la que hasta ahora había participado la oficina del alguacil, que anualmente rinde un informe y responde preguntas del público en reunión con los supervisores.
Jasso recalcó que en San Diego se reconoce que “si una persona cumple una sentencia y así para su deuda con la sociedad, tiene derecho a disfrutar de libertad condicional, tal como disfrutan los ciudadanos estadounidenses” que salen de prisión.
Ni la presidenta Vargas ni la jefa del alguacil Martínez respondieron a solicitudes de comentarios de EFE sobre el tema.
