Iguala. Sicarios aliados con policías confesaron haber matado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos hace una semana en el sur de México, que podrían estar entre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas, algo que sus familiares se niegan a creer.
“Es mentira todo lo que se ha dicho, que los muchachos ya aparecieron (muertos) ... Los muchachos están vivos, nosotros como padres de familia estamos conscientes, lo sentimos”, dijo María Castrejón, tía de uno de los jóvenes desaparecidos.
Familiares y compañeros de los estudiantes convocaron ayer a los medios para dar a conocer su postura sobre la investigación que realiza el gobierno regional de Guerrero (sur), del que desconfían y responsabilizan de que ocurriera la tragedia el 26 de septiembre.
Esa noche, policías y criminales dispararon contra varios autobuses de los que se habían apoderado los estudiantes para regresar desde Iguala, a donde habían ido a recaudar fondos, hasta su escuela cercana a Chilpancingo, capital regional. En esos tiroteos murieron seis personas, tres de ellas estudiantes, y se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez capturados en patrullas policiales.
La tarde del domingo, el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, dio a la prensa más detalles de un crimen que ha estremecido a México y puesto sobre la mesa de nuevo la profunda infiltración del narcotráfico en autoridades y policías del país.
De acuerdo con Blanco, dos presuntos sicarios del cartel local Guerreros Unidos, que están entre la treintena de detenidos por este caso, han confesado su participación en el asesinato de 17 de los 43 estudiantes desaparecidos, en alianza con la policía local.
Según su confesión, los dos pistoleros hicieron descender a tiros a los estudiantes del autobús y se llevaron a 17 de ellos hasta un cerro de la comunidad de Pueblo Viejo (Iguala) “donde tienen fosas clandestinas y donde indican que los ultimaron”, señaló Blanco.
Desarme
El Ejército mexicano desarmó a la policía de la ciudad de Iguala (sur) donde hace una semana desaparecieron 43 estudiantes que fueron atacados por agentes municipales y narcotraficantes, informó ayer la Comisión Naional de Seguridad. La medida forma parte de un despliegue de fuerzas federales ordenado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto para tomar el control de la convulsa localidad y esclarecer la suerte de los 43 desaparecidos, que se teme estén enterrados en las fosas clandestinas halladas el fin de semana.
Castigo
El presidente Peña Nieto se comprometió ayer a castigar a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur), en una supuesta acción conjunta de policías locales y narcotraficantes.
Las autoridades siguen sin determinar si entre los 28 cuerpos hallados el fin de semana en fosas clandestinas hay cadáveres de los estudiantes, cuyos familiares insisten en que están vivos y exigen al presidente que los encuentre.
En un mensaje a medios, Peña Nieto aseguró ayer que estos hechos son “indignantes, dolorosos e inaceptables”.
No cabe “el más mínimo resquicio para la impunidad”, subrayó el mandatario.
