Texas, Estados Unidos
Las medidas promulgadas por Texas contra la s “ciudades santuario” entraron en vigencia el martes después que una corte federal de apelaciones ratificó una ley que amenaza a los funcionarios electos con enviarlos a prisión y permite a los policías preguntar a las personas si viven legalmente en Estados Unidos.
El fallo constituye un revés para las ciudades más grandes de Texas _como Houston, Dallas y San Antonio_, que el año pasado entablaron una demanda para impedir la puesta en marcha de lo que los detractores consideran ahora la normativa estatal más estricta del país en materia de inmigración.
Sin embargo, para el gobierno del presidente Donald Trump, la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, supone una victoria contra las medidas que considera protegen a los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. La semana pasada, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, demandó a California por su llamada ley de estado santuario.
“Las acusaciones de discriminación fueron rechazadas. La ley está vigente”, tuiteó el gobernador republicano Greg Abbott tras conocerse el fallo.
Un punto relevante de la ley estatal es que obliga a las autoridades locales a cooperar con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos so pena de cárcel. Los jefes policiales, los sheriffs y otros titulares de las fuerzas del orden también podrían ser destituidos si no acatan las solicitudes federales de mantener detenidos a inmigrantes.
Una jefa de policía que estaba en la mira de Abbott es Sally Hernandez, del condado Travis, una demócrata electa que administra las prisiones de Austin. El año pasado, el día de la asunción presidencial de Donald Trump, Hernandez anunció que su departamento no atendería ninguna solicitud para mantener detenidos a inmigrantes con fines de deportación, postura que los republicanos repetidamente señalaron en defensa de la medida.
“No puedo manifestar con palabras mi gran desilusión frente a este fallo”, declaró Hernandez. Sin embargo, afirmó que su departamento acatará la ley tal como lo han dispuesto los tribunales.
Las medidas promulgadas por Texas contra la s “ciudades santuario” entraron en vigencia el martes después que una corte federal de apelaciones ratificó una ley que amenaza a los funcionarios electos con enviarlos a prisión y permite a los policías preguntar a las personas si viven legalmente en Estados Unidos.
El fallo constituye un revés para las ciudades más grandes de Texas _como Houston, Dallas y San Antonio_, que el año pasado entablaron una demanda para impedir la puesta en marcha de lo que los detractores consideran ahora la normativa estatal más estricta del país en materia de inmigración.
Sin embargo, para el gobierno del presidente Donald Trump, la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, supone una victoria contra las medidas que considera protegen a los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. La semana pasada, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, demandó a California por su llamada ley de estado santuario.
“Las acusaciones de discriminación fueron rechazadas. La ley está vigente”, tuiteó el gobernador republicano Greg Abbott tras conocerse el fallo.
Un punto relevante de la ley estatal es que obliga a las autoridades locales a cooperar con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos so pena de cárcel. Los jefes policiales, los sheriffs y otros titulares de las fuerzas del orden también podrían ser destituidos si no acatan las solicitudes federales de mantener detenidos a inmigrantes.
Una jefa de policía que estaba en la mira de Abbott es Sally Hernandez, del condado Travis, una demócrata electa que administra las prisiones de Austin. El año pasado, el día de la asunción presidencial de Donald Trump, Hernandez anunció que su departamento no atendería ninguna solicitud para mantener detenidos a inmigrantes con fines de deportación, postura que los republicanos repetidamente señalaron en defensa de la medida.
“No puedo manifestar con palabras mi gran desilusión frente a este fallo”, declaró Hernandez. Sin embargo, afirmó que su departamento acatará la ley tal como lo han dispuesto los tribunales.
