Por intelIGENCIA/Ana Raquel Minian/The New York Times
Donald Trump tiene mucho tiempo de desafiar un mito fundamental de la identidad estadounidense: la idea de Estados Unidos como una nación de inmigrantes que da la bienvenida a las “masas hacinadas anhelando respirar en libertad”, como dice en la base de la Estatua de la Libertad.
En lugar de acoger la narrativa de un País moldeado por la inmigración, el “otra vez” del eslogan de Trump “Hacer a EU Grande Otra Vez” (Make America Great Again) a menudo se entiende como un llamado a regresar a un pasado imaginado cuando los ciudadanos blancos nativos vivían seguros y prosperaban sin personas nacidas en el extranjero. La visión de Trump incluye una frontera cerrada, una promesa de poner fin a la ciudadanía por nacimiento y la expulsión masiva de inmigrantes.
Pero no es la presencia de los inmigrantes en EU, sino las medidas de exclusión contra ellos las que han erosionado los derechos tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos estadounidenses.
Hasta la década de 1870, no se aplicaban leyes federales para restringir la inmigración. Pero el creciente desempleo en California durante esa década llevó a los trabajadores blancos a acusar a los inmigrantes chinos de robar empleos y deprimir los salarios. En 1875, el Congreso aprobó la Ley Page para reducir la migración china y, en 1882, aprobó la Ley de Exclusión China, que prohibió a la mayoría de los inmigrantes chinos.
La Ley de Exclusión China amenazó los cimientos mismos de la ciudadanía estadounidense como la define la 14ª Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos” son ciudadanos.
La ciudadanía no es condicional. Si la ciudadanía puede impugnarse con base en raza, ascendencia o voluntad política, entonces el estatus de nadie es seguro. Esto es precisamente lo que haría la promesa de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
El veto a la inmigración china sentó las bases para nuevas restricciones. A finales del siglo 19, un mayor número europeos del este y del sur comenzaron a llegar a EU. A los formuladores de políticas estadounidenses les preocupó que estos recién llegados, considerados racialmente inferiores, mancillaran el linaje racial de la nación. El Congreso aprobó la Ley de Inmigración de 1924, que introdujo cuotas de origen nacional que daban preferencia a los europeos del norte y del oeste y excluían a la mayoría de los asiáticos.
La Gran Depresión provocó nuevas medidas antiinmigratorias. Los inmigrantes mexicanos se convirtieron en chivos expiatorios de los problemas económicos del País.
En todo el suroeste y el medio oeste, los funcionarios detuvieron indiscriminadamente a personas de ascendencia mexicana, incluyendo residentes legales y ciudadanos estadounidenses, y los obligaron a subir a camiones, autobuses o trenes con destino a México. Hasta 2 millones de personas fueron expulsadas; se cree que aproximadamente el 60 por ciento era ciudadano.
Cuando los ejércitos de Hitler arrasaron Europa oriental y occidental, las puertas de Estados Unidos permanecieron en gran medida cerradas. Los judíos que huían de la persecución quedaron atrapados entre espadas y paredes: un sistema restrictivo de cuotas que limitaba gravemente la inmigración procedente de los países más afectados, un clima aislacionista que no ofrecía voluntad política para ayudar a los refugiados y un antisemitismo profundamente arraigado en el Congreso y el Departamento de Estado.
La frase “una nación de inmigrantes” no obtuvo un reconocimiento generalizado hasta la década de 1960, después de que el libro de John F. Kennedy con ese título argumentara que Estados Unidos se benefició de sus diversos orígenes.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 puso fin al sistema de cuotas de origen nacional, pero también introdujo otras medidas restrictivas, como cuotas para los países del hemisferio occidental. La ley limitó la posibilidad de que los mexicanos migraran legalmente incluso cuando persistía la demanda de su mano de obra, lo que terminó por contribuir al aumento de la migración no autorizada.
La Ley de Control y Reforma de la Inmigración de 1986 tuvo un doble impacto similar. Legalizó el estatus de aproximadamente 3 millones de inmigrantes indocumentados, otorgándoles protección contra la deportación, permitiéndoles trabajar legalmente y ofreciéndoles un camino hacia la ciudadanía.
La legalización cambió profundamente las vidas de los inmigrantes y sus familias, muchos de los cuales ya incluían ciudadanos estadounidenses. Vivir sin papeles significaba vivir con miedo constante, sin poder visitar a familiares en el extranjero o exigir salarios más altos sin correr el riesgo de ser deportados.
Sin embargo, esta legislación también proporcionó mayores recursos para ampliar la Patrulla Fronteriza, y los inmigrantes continuaron entrando a Estados Unidos sin documentos.
Las deportaciones también perpetúan la práctica de la separación familiar, perjudicando a los niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres son indocumentados. Los padres deportados con hijos que son ciudadanos estadounidenses a veces optan por dejarlos en EU con familiares o amigos. Otros se llevan a sus hijos consigo, aunque muchos nunca han vivido fuera del País y sólo saben inglés. Ambas posibilidades privan a los ciudadanos de sus derechos, seguridad y estabilidad.
Las medidas antiinmigrantes prometidas por Trump son una escalada de políticas de exclusión anteriores. Ha prometido enviar tropas a la frontera sur, detener todas las entradas no autorizadas, poner fin a la práctica conocida como captura y liberación (en la que los inmigrantes detenidos son liberados de la custodia del Departamento de Seguridad Nacional mientras sus casos están pendientes) y restablecer la política de forzar a los solicitantes de asilo a presentar solicitud y esperar en México. Ha prometido que llevará a cabo la “operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos”.
Estas políticas tienen precedentes históricos, pero también hemos visto un camino alternativo. Estados Unidos ha reformado repetidamente sus leyes de inmigración —anulando la exclusión china, desmantelando su racista sistema de cuotas y ofreciendo estatus legal a millones de personas bajo las reformas de la década de 1980.
Estados Unidos podría aumentar el número de personas que pueden ingresar legalmente, otorgar amnistía a los residentes indocumentados y abordar las causas profundas de la migración en los países de origen.
Un Estados Unidos acogedor haría que el País fuera más seguro, más fuerte y más justo —protegiendo los derechos de todos y convirtiendo la inclusión en una fuente de seguridad para todos.
© 2025 The New York Times Company