El conjunto de riquezas de todo orden que posee un Estado son sus bienes económicos. Estas riquezas se presentan, ya sea como productos, fuentes naturales de energía, capacidad industrial, etc.
Refiriéndonos a las fuentes naturales de energía disponibles están, entre otras: el sol, el viento, el agua, el carbón, etc., pero las que más han estimulado económica y políticamente a los Estados son el carbón y el petróleo.
En el caso del petróleo, es en la actualidad uno de los principales materiales estratégicos que mueve al 75% de la energía mundial. La búsqueda de fuentes de producción de petróleo y carburantes impulsa vigorosamente a los Estados a explorar en su subsuelo, a firmar convenios y tratados, etc. Se sabe que uno de los intereses permanentes de Estados Unidos ha sido el dominio y control sobre este recurso energético.
En Honduras las exploraciones petroleras se iniciaron en la década de los 60 sin resultados favorables. A finales de los años 80 se hicieron nuevas reconocimientos de búsqueda de petróleo en el país con resultados similares. En el período 1990-1994 se reiniciaron las investigaciones; continuándolas entre 1996-1997 con nuevos sondeos; al final, se dice que hay pero no en cantidades comerciales o no se dieron a conocer los resultados públicamente.
El cuadro comienza a aclararse ya para el año 1999, cuando una delegación de científicos rusos del Instituto de Exploración de Reservas de Petróleo de Rusia confirmó al gobierno la existencia de un primer yacimiento petrolero en la costa atlántica, y que se extiende dentro de Nicaragua.
El análisis de Virginia Contreras, exembajadora de Venezuela ante la OEA, menciona que en el período 2006-2009 las empresas Chevron, Petrobras, Pemex y la célebre empresa venezolana PDVSA, pugnaban fuertemente por los derechos de explotación del petróleo hondureño. Agregándose, además, que a la empresa del Alba llamada Energía, Gas y Petróleo le conceden el derecho a hacer los estudios correspondientes y desarrollar el plan de producción y comercialización; el contenido del referido derecho nunca fue informado públicamente.
Honduras otorgó a BG Group en mayo del 2013 un contrato de exploración por cuatro años, prorrogable por dos años más, junto con uno de explotación por 20 años, prorrogable por otros cinco años. La inversión inicial del proyecto en el período 2014-2015 será de unos $20 millones. (El Heraldo-17-enero-2014).
Si verdaderamente en nuestro país existe petróleo en cantidades comerciales suficientes, deberíamos empezar a analizar seriamente la situación, enfocándonos en cuatro aspectos importantes: el primero es, ¿conviene o no que se busque petróleo en nuestros mares considerando, como peor hipótesis, los graves daños medioambientales que podrían ocasionarse a nuestra flora y fauna marina, a nuestras playas y, por ende, al turismo en caso de derrame? Segundo, ¿cómo se va a manejar ese emporio de riqueza?, ¿como una empresa, dependiente del gobierno... al estilo Conadi, ENEE, SANAA, ENP, Corfino, Hondutel, Cohbana, IHSS, etc.? Si lo vamos a hacer con ese modelo pervertido y corrupto, se augura desde ya otro rotundo fracaso.
El otro aspecto a analizar es si como país productor se mantendrá independiente tal como Pemex de México o se buscará ingresar al cartel de la OPEP, que desde 1960, liderado por Irán y Venezuela, controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 75% de las reservas de petróleo.
Por último, es importante anticiparse y preparar el recurso humano directriz y administrativo, además de la mano de obra calificada para operar. Panamá es un ejemplo a seguir en el manejo del Canal, de manera segura, continua, eficiente y rentable desde el año 2000.
Ante lo expuesto, es un imperativo categórico adoptar los mecanismos apropiados para el manejo a futuro de esa gran empresa, previendo sorpresas lesivas a la dignidad de Honduras, como la triste y vergonzosa experiencia vivida con las mineras y bananeras.
El actual Congreso Nacional, representativo de todos los sectores políticos del país, es el llamado a actualizar las leyes petroleras de Honduras y su reglamento, así como los mecanismos fiscales relacionados con este rubro, que permitan facilitar su aplicación, y que las compañías interesadas puedan venir al país claras en lo que van a ejecutar, por lo que sería más fácil su control y supervisión.
