Para aliviar el impacto de la inseguridad alimentaria y un nivel histórico de inflación, los gobiernos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD), México y Haití han aprobado respuestas de política por un monto equivalente, en promedio, al 1.1% de su PIB.
Más de 62 millones de personas en los países mencionados han experimentado inseguridad alimentaria tras la pandemia. El aumento reciente de los precios de los alimentos ha intensificado el problema convirtiendo a esta subregión en la que tiene el mayor porcentaje de población con inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
Estos datos se desprenden del estudio “Seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití”, que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que ofrece una visión del panorama y de las perspectivas de la seguridad alimentaria en la región tras la pandemia del covid-19, considerando los impactos de la escalada inflacionaria actual.
El estudio del BID propone recomendaciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo con políticas dirigidas a las familias y a los sectores afectados, como transferencias focalizadas, programas de provisión de alimentos, apoyo al sector agrícola y medidas comerciales.
En Honduras, las causas de la inseguridad alimentaria previo a la pandemia se asociaban principalmente con actividades agrícolas. Los factores causales de la inseguridad alimentaria en 2019 eran: i) una sequía prolongada en ese año, que provocó pérdidas en las cosechas de frijol y maíz y redujo la disponibilidad de alimentos en los hogares; ii) la reducción en los precios internacionales del café, que afectó el ingreso de los productores de café y las personas que trabajan en este rubro; y iii) el alza en los precios de los granos básicos, que afectó la capacidad de compra de los hogares.
