Estamos a tiempo. Aun para hacer reformas electorales y si no fueran viables por la falta de voluntad e intrínsecamente, por el rechazo de poderosos, bien podría ser, mediante un acuerdo cívico, los precandidatos de todos los partidos políticos.
El Acuerdo Cívico debería contener, mínimamente, elementos que garanticen: transparencia electoral. Para ello, la veeduría nacional e internacional tendría que ser facilitada, que quien quiera observar las diferentes etapas del proceso, pueda hacerlo. Financiamiento conocido, sin más contribuciones espurias ni de dudoso origen.
Es necesario que más allá de la ley vigente exista el compromiso de que únicamente contribuciones conocidas y de origen lícito podrán entrar en las campañas. No hay forma de competir en igualdad con fuentes interminables de dinero mal habido. El acceso igualitario, que parece quimera en una sociedad con profunda inequidad, con una brecha cada vez mayor entre pobres y ricos.
El monitoreo de las campañas se hace fundamental, haciéndolo de forma sistemática, de forma de que se conozca si es el caso y de prevenir especialmente si hay fuente producto también del clientelismo y la corrupción. Cada aspirante, sin ver a su capacidad económica, ni género, o grupo social, ni siquiera al caudal electoral del partido por el que se postula, tendría que tener un acceso mínimo a los medios de comunicación.
Tener presente que los medios de comunicación, usufructúan el espectro propiedad del Estado. Podrían contribuir de buen gusto al fortalecimiento democrático mediante, precisamente, la democratización de sus espacios mediáticos.
El debate debe institucionalizarse. El electorado debe tener la posibilidad de contrastar las ideas y compromisos de los aspirantes. ¿Cómo se asegura la participación activa de la mujer en la toma de decisiones mediante las elecciones? La ley no ha sido suficiente, este compromiso debe asegurar, solo ideas. Es mucho lo que se puede hacer aún sin las reformas electorales que exigimos.
