Estos actos protocolarios abundan en Honduras, y uno de ellos fue el organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al entregar a Xiomara Castro la credencial que la declara como presidenta constitucional de la República de Honduras, con una mayoría de votos en las elecciones generales, así como los designados presidenciales, alcaldes y una tendalada de ciento veintiocho diputados del Congreso Nacional y veinte del Parlamento Centroamericano (Parlacen) —refugio dorado para la impunidad— que también recibieron su credencial. A todos se les entregó una especie de cartón que les autoriza reconstruir un país devastado por la corrupción, en un momento de transición y de una esperanza arrancada del sentimiento popular.
Esta credencial debe ser un compromiso de consensos patrióticos en el nuevo Congreso Nacional para derogar las leyes que aprobaron la gran mayoría de los diputados que impiden combatir la corrupción, alimentando con puntualidad la carroña de la impunidad.
Acá van unas perlas, solo como muestra de las últimas estocadas al pueblo hondureño en su partida para disfrutar los millones robados.
En octubre de 2019, bajo el Decreto Legislativo n.º 116-2019 —publicado en La Gaceta—, referente a Ley Especial del Fondo Departamental que blinda a diputados, funcionarios, alcaldías, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y organizaciones privadas de ser acusadas penalmente por el mal manejo de los recursos públicos, reformaron el artículo 10 de la Ley Orgánica del CN para impedir que un congresista pueda ser judicializado penal, civil o administrativamente por sus funciones delictivas.
En mayo de 2020, aprobaron el Decreto Legislativo n.º 57-2020 para protegerse de las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de un delito. Ahora, para ejecutar un decomiso o secuestro de documentos debe ser autorizado mediante orden de un juez, dando ventaja y oportunidad a los implicados en ocultar, eliminar o modificar los documentos.
En noviembre de 2021, los congresistas del Partido Nacional y Partido Liberal se unieron en una macabra conspiración para aprobar el Decreto Legislativo n.º 93-2021, referente a la Ley de Lavado de Activos. Asimismo, se reformó el artículo 437 del Código Penal, impidiendo llevar a la justicia a las personas cuyos bienes de origen sospechoso no puedan comprobar su legalidad en la adquisición.
Simultáneamente, criminalizaron la protesta social y se incluyó dentro de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, es decir que por decreto crearon la persecución, amenazas y coacciones a organizaciones que se enfrentan contra la corrupción.
Este es el cóctel de bienvenida para los nuevos diputados que deberán asumir el rol por el cual el pueblo los eligió, para acabar con esta cloaca de ratas que descuartizaron las leyes para su beneficio. Es una urgencia nacional que el nuevo Congreso derogue las leyes lesivas contra la lucha anticorrupción y que promueven la impunidad. Hay que desmontar los escenarios creados para promover la corrupción y montar una comisión internacional anticorrupción, sin trabas ni condiciones políticas.
¿Adornamos las paredes con las credenciales o procedemos a lavarlas? Total, lavar cualquier cosa en Honduras ya no es delito, y se ve más «bonito» un país que ya tiene de adorno a los políticos.
