Cada vez más agobiante, al cierre de abril ascendía a $9,740.8, correspondiéndole al gobierno central $7,870, al sector privado $1,870, de acuerdo al Banco Central de Honduras (EL HERALDO, 22 junio 2020, p. 18). La deuda fiscal representaba 41.5%, como porcentaje del PIB. El nivel de deuda adicional adquirida por el actual gobierno equivale, al menos, al 10% del PIB. Su amortización tanto de la externa como de la interna, representa una carga cada vez más pesada para la nación. Las condicionalidades impuestas a los países pobres bajo los eufemísticamente llamados “programas de austeridad”, inciden en la contracción de la inversión pública en el área social: salud, educación vivienda, tornándolos aún más vulnerables a conmociones como la actual epidemia. No contraer préstamos adicionales a los ya concertados a tasas de mercado y la no emisión de bonos soberanos, por onerosos, constituyen políticas recomendables. Oxfam Internacional recomienda “adoptar medidas dirigidas a beneficiar directamente a las personas en mayor situación de pobreza” y en el plan de rescate económico universal que propone se encuentra el suspender y condonar deudas externas, emitir derechos especiales de giro, aplicar impuestos solidarios de emergencia gravando beneficios extraordinarios, la riqueza de las personas más ricas, los productos financieros de carácter especulativo. Pero mientras Honduras continúa endeudándose cada vez más, los ingresos tributarios van en picada entre más tiempo se prolongue la emergencia. Agréguese la vigencia de las exoneraciones fiscales que representan más del 7% del PIB, constituyendo aproximadamente L 39 mil millones, desglosados así: 53% concedidos por Impuesto sobre la Renta y casi 40% en utilidades. (La Tribuna, 11 mayo 2020). Un sacrificio fiscal que favorece selectivamente a ciertos grupos y empresas, en desmedro de otras y de los ingresos estatales. Adicionalmente, los precios de varias de nuestras exportaciones han disminuido, ocurre una menor demanda internacional por textiles, el envío de remesas ha descendido, la industria del turismo paralizada, continúa la fuga de capitales al exterior y se reduce la inversión directa extranjera. Al igual que el país, también muchos compatriotas se encuentran sobreendeudados, repercutiendo en las finanzas nacionales e individuales, en ambos casos comprometiendo sus ingresos presentes y futuros. Una positiva iniciativa es la aprobada por el G20, a partir de mayo 2020, concediendo una moratoria en el pago del capital e intereses de la deuda externa a países pobres. Para la economista mexicana Alicia Girón, las naciones que mejor saldrán de esta crisis serán aquellas que sean capaces de renegociar su deuda.
De nada sirvieron las gestiones que lograron condonar parcialmente la deuda a Honduras por considerársele “nación pobre altamente endeuda”, a fin de emprender la reducción de la pobreza que afecta a dos tercios de la población. Poco tiempo después, nuevamente se negociaban préstamos frescos. La cada vez mayor corrupción e impunidad en nada favorecen nuevos alivios de deuda por naciones amigas y organismos internacionales de crédito cuando confirman que una parte de dichos montos van a parar a cuentas bancarias privadas en paraísos fiscales
