Los sistemas de previsión social del país que han sido creados por el Estado con participación de los trabajadores establecen en su normativa una dirección, administración y gestión, bajo el principio de autonomía, esto para una mayor racionalidad y eficiencia y darle cumplimiento a los parámetros actuariales y financieros en procura de garantizar su solvencia.
Los beneficios de invalidez, vejez y muerte de los asegurados es la principal razón de los sistemas de previsión. Adicionalmente, los institutos de previsión tienen los servicios de préstamos para vivienda y personales, lo que ha permitido que el afiliado tenga acceso a recursos financieros con un interés más bajo del interés bancario.
Muchas instituciones del régimen de pensiones han acumulado una fuerte cantidad de recursos financieros que sirven de respaldo a sus obligaciones, ese crecimiento se ha convertido en una fuente de constantes conflictos entre el gobierno y las instituciones previsionales. El gobierno ha utilizado distintos mecanismos para controlar la dirección de las instituciones para tener acceso a sus recursos; uno de ellos ha sido a través de la misma ley que le ha permitido tener mayoría de miembros en sus juntas directivas, una vez que por esa vía no logra el control, recurre a la creación de juntas interventoras, y finalmente, están las reformas legislativas. Los institutos de jubilación han tenido que sortear todo tipo de dificultades que han ido socavando su institucionalidad.
A raíz de lo ocurrido con los desastres dejados por el huracán Eta, el gobierno, al no disponer de recursos y no contar con una estrategia consistente para enfrentar este tipo de fenómenos, ha mandado al Congreso un proyecto denominado Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional que busca crear la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes), el cual se alimentaría de aportaciones de los institutos de previsión, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, banco y otros.
Las inversiones del sector privado como en lo que es el tema de la seguridad social, deben ser parte de la política interna de cada empresa u organización, en función de sus intereses. El Estado no debe establecer, de manera obligatoria, los criterios de inversión, y, sobre todo, asignarse montos de recursos que no le pertenecen.
Con los bajos niveles de credibilidad y corrupción existentes en el gobierno y los elevados déficits actuariales con que operan los sistemas de jubilación, la aprobación de la mencionada ley sería el principio del fin de los fondos de pensión.
El gobierno no deber generar más intranquilidad en la población. Ese proyecto debe ser retirado. En las condiciones de una economía como la nuestra, no se pueden socializar recursos que no son del Estado, eso es un abuso. Experiencias similares ya fracasaron en el reciente pasado.
Con buen juicio, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) se ha pronunciado en el sentido de no apoyar con recursos de pensiones del Inpreunah, la propuesta legislativa de crear el Fondes, por los riesgos que ello representa.
