No es nada nuevo. Se sabe que quien tiene en el puño la justicia aumenta su poder y capacidad autoritaria. La historia lo ha mostrado. Contar con fiscales, jueces, magistrados y cortes coludidos, dóciles y eficientes, produce dos ventajas para quien lo logra: por un lado, es una especie de armadura impenetrable –¡impunidad!– y, por el otro, obtiene una arma represiva muy poderosa ante cualquier oposición.
Por eso en las dictaduras hay patrones que tienen que darse de forma obligatoria, como son controlar la justicia, la prensa, al poder legislativo y, en general, todas las instituciones sensibles en la vida nacional. De ahí que sea tan importante cuando se habla de la “independencia de la justicia”, pues cuando ésta cede ante el poder político, se resquebraja la democracia y no se pueden vivir sus principios.
Es conocido que ahora mismo hay tres dictaduras en América Latina. Cuba, desde mediados del siglo XX vive bajo el castrismo, Venezuela, que desde 1999 sufre el chavismo, y Nicaragua, que está bajo el orteguismo –que no es lo mismo que sandinismo– a partir de 2007. En ninguno de esos países hay una justicia independiente.
Ahora mismo lo estamos viendo casi en vivo en las noticias de Venezuela luego del fraude electoral. Nicolás Maduro sale con una Constitución en miniatura en sus manos –seguramente porque para él es poco significante–, y anuncia que hará valer la ley. Al poco tiempo, el candidato ganador de las elecciones, Edmundo González es citado por las autoridades judiciales, en el inicio de una criminalización que estamos por ver en su desenlace.
Recordemos que antes, la justicia impidió la participación de la líder opositora María Corina Machado como candidata a la presidencia y eso parecía allanar el camino para una victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio. Pero el pueblo está harto y le dio la espalda.
En Nicaragua el Daniel Ortega solamente tiene que insinuar algo contra sacerdotes, periodistas, defensores de derechos humanos o a cualquiera que considere opositor, y la justicia inicia una persecución hasta llevarlo a la cárcel, cuando no expulsarlo al exilio y hasta quitarle la nacionalidad. Todavía podemos recordar que todos los posibles candidatos presidenciales que podían derrotarlo en las urnas terminaron presos y luego expulsados del país por el sistema judicial.
Lo malo, es que viendo hacia otros países de la región, nos encontramos con la peligrosa manipulación de algunos sistemas de justicia. Los casos de El Salvador y Perú son significativos y se observa la tendencia a una justicia coludida por el poder Ejecutivo.
Nayib Bukele, por ejemplo, logra condenas prontas contra cualquier persona acusada de pandillero y, cuando un juez no emite el fallo al gusto del mandatario, hay señalamientos en su contra o se promueve su destitución. Ahora hay hasta “jueces anónimos” para mantener satisfecho al mandatario con las condenas, mientras aumentan las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en un régimen de excepción que se ha vuelto permanente.
En Perú, el esfuerzo de la presidenta Dina Boluarte se enfoca precisamente en lograr una colusión con el sector justicia, aunque todavía encuentra cierta resistencia de la fiscalía, pero el Tribunal Constitucional tiende a darle el poder e impunidad que busca para ella y su familia.
Un caso verdaderamente paradigmático es el que se está viendo en Guatemala. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el poder Ejecutivo tenía coludido a los tres poderes del Estado, en una amalgama peculiar que formaba la intocable alianza oficialista, promotora de corrupción e impunidad.
En las urnas se logró que el poder Ejecutivo cambiara a de manos, pero aquella alianza, transformada ahora en opositora, basa su fuerza principal en el sistema de justicia para disputar cualquier cuota de poder al presidente Bernardo Arévalo, quien gobierna en medio de un laberinto en donde debe luchar contra poderosos adversarios.
Su mayor adversaria es la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países a los que no puede viajar por ser considerada una funcionaria “corrupta y antidemocrática”. Sin embargo, ella es la abanderada de esa alianza para enfrentar con todo el peso de la justicia coludida al titubeante poder Ejecutivo.
En este país centroamericano hay un poder oscurantista detrás de la justicia. Fiscales, jueces y periodistas, que antes lucharon contra la corrupción, ahora están en la cárcel o en el exilio, mientras que exfuncionarios que fueron encausados cuando estuvo vigente la guerra anticorrupción entre 2015 y 2020, han salido de prisión o sus casos han sido sobreseídos.
Como puede verse en este Enfoque a vuelo de pájaro por la región, es claro que la democracia sufre cuando no hay justicia independiente. Si la justicia no funciona y está coludida por poderes oscuros y autoritarios, es claro que la democracia se debilita y se vuelve, incluso, inoperante.
