El Estado de Honduras continúa severamente endeudado. Aunque su coeficiente Deuda/PIB, aparentemente es “bajo” en comparación a otros países, lo cierto es que estar endeudado en más del 50% de lo que se produce en todo un año no es ningún indicador de sostenibilidad. No es lo mismo que se endeude un país pobre a que lo haga un país rico. Similar a lo que ocurre con las personas y las empresas. Por mucho que la deuda de Honduras haya crecido rápida y peligrosamente desde el año 2010, es falso que alguna vez haya llegado a un saldo de US$20 mil millones de dólares. Es cuestión de revisar la propia información oficial de la Secretaría de Finanzas para comprobarlo.
De manera que, no tiene sentido que los titulares de esa dependencia emitan frases citando una cifra de deuda total de esa magnitud heredada del régimen Hernández Alvarado. Mucho menos que sea la titular del Poder Ejecutivo la que repita esa cifra sin que ninguna persona de su súper remunerado y muy relajado staff le saque del error. No es indispensable ser economista para entender del asunto, no obstante, si se es profesional de esta rama, estamos en la obligación ética de utilizar información verídica y verificable.
No es necesario adulterar ni manipular una cifra para demostrar la gravedad del asunto. El régimen de JOH nos dejó hartos con sus mentiras. Esperábamos un comportamiento diferente del actual régimen. ¿Cuándo aprenderán nuestros políticos de diferentes signos y envolturas ideológicas que es más rentable y elevador de perfil decir la verdad? A partir de tener claro el diagnóstico de un problema se acorta la distancia para encontrarle solución. Si el endeudamiento recibido por la actual administración es grave, ¿se resolverá contrayendo mayor endeudamiento? Obviamente, que la respuesta es negativa.
Puede ser muy desorientador y llevar a conclusiones erróneas, no basta ver solamente el saldo de la deuda. Tenemos que escudriñar en la fuente de ingresos con la que se paga esa deuda. Los sacrificios sociales y productivos que implica. Se están utilizando cada vez mayores proporciones de los altos y regresivos impuestos que pagamos para amortizar las deudas viejas y nuevas. Ahí también, tiene que considerarse la justicia tributaria para aquellos que sostienen los ingresos corrientes y especialmente los tributarios. Similar a como observamos una cuenta bancaria, es necesario ver sus movimientos, los depósitos y los retiros. Igual con la deuda pública, es indispensable ver los prestamos que se van pagando, también los nuevos préstamos, las amortizaciones a capital principal, intereses y comisiones.
En el caso del actual gobierno, a inicios de 2022 recibió un saldo de unos US$15,700 millones (no US$20,000). Luego, en ese año, hubo pagos y también nuevos préstamos quedando un saldo neto de US$16,800 millones. Después, finalizamos 2023 con un saldo de US$16,700 millones y, a agosto de 2024, US$16,500 millones. Este último saldo a agosto de 2024, seguramente no incluye los nuevos endeudamientos con el FMI, BCIE y otros organismos financieros.
Tampoco incorpora las nuevas deudas con agentes internos ya sean mediante bonos u otros títulos. Hay varias obras públicas importantes que según se anuncia, serán financiadas con nuevos endeudamientos a pesar de que nunca hubo voluntad de moderar los altos impuestos heredados de los gobiernos anteriores. Ojalá nos equivoquemos, pero a juzgar por las tendencias, esta administración heredará también a la siguiente una situación delicada en los niveles y condiciones de endeudamiento público.
