Frederick Bastiat fue un economista, político, magistrado y pensador francés de la primera mitad del siglo XIX, quien se caracterizó por un pensamiento liberal, la defensa del libre comercio y la oposición al socialismo y al colonialismo. Una de sus frases célebres y que se puede aplicar a la situación que experimentan muchos países y que cae como anillo al dedo a Honduras, expresa lo siguiente: “Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique”. También se viene a nuestra mente una estrofa del poema “Verdades amargas” del poeta hondureño Ramón Ortega, que dice: “La sociedad que adora su desdoro persigue con saña al criminal, mas si el puñal del asesino es de oro, enmudece y el juez guarda el puñal”.
Cuanta verdad reflejan tanto la frase de Bastiat como el verso de Ortega. Estas situaciones se presentan en un país donde la institucionalidad no funciona, donde no hay independencia de poderes y la justicia no se aplica a los que gozan del poder político y económico. Y aunque no se instaure un sistema legal que autorice la corrupción convertida en modus vivendi de grupos minoritarios de una sociedad, sí es cierto que los grupos de poder se encargan de diseñar mecanismos que les provean de impunidad.
Nuestro país se encuentra ante una encrucijada y claramente se necesitan cambios transformadores, como un nuevo orden político-democrático que sea más representativo e incluyente y con fortaleza institucional para generar respuesta a los graves problemas del país. La ciudadanía demanda estos cambios transformadores, pero a su vez encuentra una oferta limitada y resistente al cambio de parte de la clase política, que se encuentra muy cómoda con el modus vivendi actual.
Las condiciones de vida de los hondureños se han deteriorado aún más como resultado de los efectos de la pandemia del covid-19 y los vientos huracanados que asolaron el territorio nacional a finales del año pasado. Adicionalmente a los impactos económicos y la pérdida de empleos, la epidemia dejó muy en evidencia la precariedad de los sistemas públicos de salud y de educación. Los estudiantes que dependen de centros públicos no han recibido clases en más de 18 meses y a estas alturas no se tiene una idea clara de cómo resolver este dilema. Esto provocará un enorme rezago educativo y en la oferta laboral hacia el futuro.
Nuestros gobiernos no pueden seguir dejando que la solución sea la migración de los hondureños hacia otros países, para que entonces nos envíen remesas que son la base para la subsistencia de miles de familias pobres y el fortalecimiento de las reservas internacionales. No podemos seguir bajo este esquema, tenemos que cambiar hacia una gobernabilidad democrática, un fortalecimiento de las instituciones y la creación de empleo mediante la atracción de inversión privada, el imperio de la ley, la reducción y simplificación de trámites, un sistema tributario justo y equitativo, sin prebendas para unos pocos.
Es el momento de la transformación para crear un país que beneficie a las grandes mayorías, que genere el empleo que se necesita y brinde una esperanza de una vida mejor para todos. Seguir haciendo lo mismo no es la solución.
Cuanta verdad reflejan tanto la frase de Bastiat como el verso de Ortega. Estas situaciones se presentan en un país donde la institucionalidad no funciona, donde no hay independencia de poderes y la justicia no se aplica a los que gozan del poder político y económico. Y aunque no se instaure un sistema legal que autorice la corrupción convertida en modus vivendi de grupos minoritarios de una sociedad, sí es cierto que los grupos de poder se encargan de diseñar mecanismos que les provean de impunidad.
Nuestro país se encuentra ante una encrucijada y claramente se necesitan cambios transformadores, como un nuevo orden político-democrático que sea más representativo e incluyente y con fortaleza institucional para generar respuesta a los graves problemas del país. La ciudadanía demanda estos cambios transformadores, pero a su vez encuentra una oferta limitada y resistente al cambio de parte de la clase política, que se encuentra muy cómoda con el modus vivendi actual.
Las condiciones de vida de los hondureños se han deteriorado aún más como resultado de los efectos de la pandemia del covid-19 y los vientos huracanados que asolaron el territorio nacional a finales del año pasado. Adicionalmente a los impactos económicos y la pérdida de empleos, la epidemia dejó muy en evidencia la precariedad de los sistemas públicos de salud y de educación. Los estudiantes que dependen de centros públicos no han recibido clases en más de 18 meses y a estas alturas no se tiene una idea clara de cómo resolver este dilema. Esto provocará un enorme rezago educativo y en la oferta laboral hacia el futuro.
Nuestros gobiernos no pueden seguir dejando que la solución sea la migración de los hondureños hacia otros países, para que entonces nos envíen remesas que son la base para la subsistencia de miles de familias pobres y el fortalecimiento de las reservas internacionales. No podemos seguir bajo este esquema, tenemos que cambiar hacia una gobernabilidad democrática, un fortalecimiento de las instituciones y la creación de empleo mediante la atracción de inversión privada, el imperio de la ley, la reducción y simplificación de trámites, un sistema tributario justo y equitativo, sin prebendas para unos pocos.
Es el momento de la transformación para crear un país que beneficie a las grandes mayorías, que genere el empleo que se necesita y brinde una esperanza de una vida mejor para todos. Seguir haciendo lo mismo no es la solución.
