a promesa al electorado de combatir la corrupción hizo posible el masivo respaldo ciudadano para triunfar en la elección presidencial del pasado agosto al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, aventajando con más de 800,000 sufragios a su contendiente.
Desde entonces, la red de corrupción integrada por los poderes fácticos, el oficialismo, los partidos políticos de extrema derecha, el narcotráfico, coaligados, han pasado a la ofensiva a efecto de impedir, vía procedimientos pseudolegales, que Arévalo tome posesión en enero próximo.
Para tal efecto han movilizado a sus piezas, desde la fiscal general, sus fieles diputados en el Congreso y a la judicatura, allanando la sede del Tribunal Supremo Electoral en donde se custodian las papeletas de votación de la primera y segunda ronda comicial, violentando las urnas, confiscando cajas que contienen actas de votación.
Esta intervención ha obligado al presidente electo a suspender el proceso de transición hacia su investidura, además de pedir que se retire la inmunidad a la fiscal general y a uno de sus acólitos, denunciando un plan de golpe de Estado para impedir que asuma el poder, tras ser inhabilitado su partido por el Registro de Ciudadanos, lo que impide a Semilla toda actividad, reduciendo las facultades de sus diputados.
Tanto las Naciones Unidas como el gobierno estadounidense han públicamente condenado tal asedio judicial. Washington emitió comunicado afirmando que se trata de una “acción antidemocrática (que) socava las instituciones democráticas de Guatemala. El pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada”. (El Heraldo, 2 de octubre de 2023, p. 28). Dos cientistas sociales concluyen que “Guatemala se caracteriza por poseer capacidades estatales extremadamente débiles y un sistema político caótico y amorfo, donde las élites políticas se encuentran imbricadas con el poder económico”. (Francisco Robles-Rivera/Inés Nercesian “¿Quién le pone el cascabel al gato?: las élites y su poder de influencia en Centroamérica”. Nueva Sociedad, no. 303, enero-febrero 2023, p. 43). La expresidenta de la Corte Suprema y exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana (actualmente en el exilio) sostiene: “Guatemala es el único país de América Latina en haber encarcelado, criminalizado y mandado al exilio al equipo élite de más de 40 fiscales y jueces anticorrupción (...).
Con las investigaciones criminales quedó en evidencia que la corrupción no es ocasional, no es aislada, no es la excepción, es la regla”. (Consejo Nacional Anticorrupción. Ópticas de la corrupción. Tomo II, p. 125). A ello debe agregarse las abismales diferencias sociales, económicas y en acceso a las oportunidades por parte de las mayorías, sumidas en elevados índices de pobreza y desnutrición, obligadas a migrar hacia el exterior y una élite que resiste exitosamente cualquier intento de reforma tributaria que posibilite el pago de impuestos acorde con sus elevadas ganancias, lícitas e ilícitas. La violencia e impunidad son fenómenos omnipresentes, tanto la oficial como la delincuencial.
