Se puede estar en contra de un gobierno, lo que no se puede estar es en contra de la patria. La patria es lo más cercano que existe a la condición humana del ser civilizado.
Juan Arancibia, investigador social chileno, en su libro “Honduras: ¿Un Estado nacional?”, con palabras para referirse al contexto de la Reforma Liberal, período impulsado por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa a partir de 1876, decía que “hasta ese momento la nación no existe más que como una potencialidad de precondiciones incompletas... La desintegración territorial, la incomunicación, la ausencia de clases nacionales, que es otra forma de señalar los localismos, la ausencia de un mercado interno” nos permiten, tener las condiciones necesarias para la construcción de lo nacional, aspecto en el que, a pesar del tiempo, no se ha avanzado mucho.
Primero fueron las compañías mineras, tanto que, desde 1882 a 1915, el Estado hondureño otorgó 276 concesiones a compañías mineras, después fueron las concesiones a las empresas bananeras a las que se les daba uso y goce de los suelos hasta por 250 años y la política impositiva era casi inexistente. El señuelo de toda esta política concesionaria, como en el pasado, sigue siendo la misma: generar empleos.
En 2013 el Congreso Nacional de la República aprobó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), se crearon con un alto nivel de autonomía y un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo. En este tipo de empresa la participación del Estado era inexistente. De hecho, tendrían su propio régimen jurídico y de servicios públicos. Algunos lo calificaron como un Estado dentro de otro Estado.
Con la aprobación de la normativa, se instalaron algunas de ellas, haciendo algunas inversiones y contratando personal. Los inversionistas conocían, por fuente directa o por asesorías de profesionales nacionales, los límites y alcances de la legislación hondureña y sabían que la Constitución de la República dispone de artículos llamados pétreos que no pueden ser reformados y, aun así, en un abuso de autoridad insistieron en llevar a la práctica las inversiones.
Una vez que algunos empresarios dispusieron la construcción de instalaciones físicas que le dieron vida a las ZEDE, la gobernante hondureña, de nuevo, hizo advertencias y se promovió algunas acciones desde el Congreso Nacional de la República para que tales inversiones no se llevaran a cabo. De nada sirvieron las exhortaciones.
Todo lo contrario, cuando todavía no se había derogado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la acción ilegal de reforma constitucional, una empresa, de las que se instalaron, recurrió a presentar demandas contra el Estado hondureño por una suma superior a los 10,000 millones de dólares, aunque hasta ahora sus inversiones apenas llegan a 100 millones. Buscaba obtener, sin inversión y riesgo alguno, lo que pudiera ser su ganancia en 50 años, que era el tiempo de duración de la concesión otorgada. Ahora que el Estado hondureño ha resuelto ese problema, haciendo uso legítimo de su prerrogativa constitucional, los corifeos del patio no empujen a los inversionistas extranjeros en acciones equivocadas.
