Recientemente fui invitado a participar junto a referentes de México, El Salvador y Guatemala en la validación del Índice Global del Crimen Organizado 2023. Durante la jornada de trabajo se abrió un debate sobre los resultados del gobierno de Nayib Bukele en la reducción de homicidios, extorsión y pandillas, que están alineados con el incremento del sentimiento de seguridad de la población.
Podemos criticar la manera de gobernar de Bukele, pero la realidad es que les ha dado a muchos salvadoreños la oportunidad de salir de sus casas sin temor. Como dijo el filósofo inglés John Locke hace 400 años, la verdadera libertad empieza con las personas estando libres de la violencia.
Obviamente, el caso de El Salvador es muy particular, pero no podemos desconocer que la libertad, como derecho fundamental, junto con sus ramificaciones democráticas (expresión, participación, elección), es un bien público que no todos gozan o disfrutan plenamente, especialmente cuando intentan llevar comida a la mesa sin morir en el intento. Por eso, muchas personas en El Salvador y aquí en Honduras están dispuestas a cambiar su libertad por seguridad.
Como muestra un botón, en el último sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), el 42% de las personas consultadas indicaron estar de acuerdo con el estado de excepción, en comparación con un 13.6% que expresó no estar de acuerdo.
Sin ánimo de desilusionar a los seguidores de Bukele, hay un detalle que debo mencionar. La inseguridad y la violencia no solo provienen de la delincuencia criminal, sino también del propio Estado y sus gobiernos. De hecho, debido a Estados frágiles y corruptos, la criminalidad organizada y la violencia se han desbordado. No debemos olvidar que fueron empleados estatales quienes permitieron el ingreso de armas al centro penitenciario de mujeres, lo cual resultó en la muerte de más de cuarenta de ellas.
Entonces, ¿quién controla a un Estado que genera inseguridad y violencia? Si las propias instituciones no pueden hacerlo, recae en una sociedad activa y beligerante hacer uso de sus libertades para expresar descontento, exigir rendición de cuentas y demandar justicia.
Suena algo contradictorio, pero este es el dilema histórico que todos los países enfrentan. Lograr el tan apreciado equilibrio entre el Estado y la sociedad ha sido el logro de muy pocos y, en muchos casos, ha tomado varios siglos con un alto costo de conflicto y muertes.
Aun así, viven en un equilibrio frágil y vulnerable. Volviendo al caso de El Salvador y Nayib Bukele, es cierto que mucha población se siente segura en este momento, pero una vez que se satisface esta necesidad básica, las personas comenzarán a exigir más libertad. Veremos qué amenazas a la seguridad de los salvadoreños enfrenta en su segundo mandato.
