El bono social a la energía es una medida de protección para los colectivos más vulnerables. Pero lo cierto es que no pone fin al problema de la pobreza energética en Honduras.
La energía es un servicio esencial y, por ende, debe ser una garantía pública, ya que oficia como un derecho que nos proporciona una vida digna. Así, es responsabilidad de nuestras autoridades garantizar que el sistema eléctrico nos ofrezca las mejores condiciones (también en relación con sus precios).
Pero el bono social no logra progresar ¿Por qué? Porque el Estado debe obtener los recursos que deja de percibir de alguna parte y porque el sector privado no va a permitir que mermen sus ganancias. Esto genera un ciclo nefasto donde el bono social finalmente lo paga la clase media (que de media tampoco tienen mucho en este país).
¿Cómo? El Estado entrega un bono y sube el valor de la energía a las empresas, las empresas suben el valor de sus productos para mitigar el tarifazo (y le ponen algo más para redondear) y el que compra el producto más caro que antes del bono social es el hondureño. Y ahí está, el que paga el bono social es usted comprando en el supermercado, la pulpería o restaurante.
Planteemos otra arista. Los límites de consumo de energía que cubre el bono no coinciden con la media de consumo del país. Si la finalidad del bono era el ahorro, faltaría un aspecto clave: la formación sobre cómo optimizar el consumo de energía y subvencionar las medidas de eficiencia energética que se puedan colocar en los hogares, para que dejen de ser un sumidero de nuestro dinero.
Si solo limitamos la demanda energética sin tomar medidas de eficiencia, lo que se hace es pasarle el problema a los más vulnerables porque les pedimos que consuman menos, pero no les facilitamos cómo hacerlo (y si con dificultad pagan la luz, no creo que sea posible que inviertan en consumo eficiente).
A pesar de lo expuesto, hoy el bono social de la energía es la única medida de la que dispone el Gobierno para luchar contra la pobreza energética. Un simple descuento a aplicar sobre el precio de la tarifa regulada a consumidores considerados en situación de vulnerabilidad.
Pero este simple descuento tiene consecuencias, no solo para la clase media, sino que también para las Mipymes, a quienes les subirá la luz casi un 11%. Y acá hay un principio básico, la pobreza que afecta a la población es por la falta de oportunidades y si los que pueden generar estas oportunidades, se les sube la luz, los que van a migrar son las empresas.
El bono a la energía parece una medida de protección social, pero lo cierto es que no combate la pobreza energética en Honduras.
