Ya para entrar a la última década del siglo pasado el mundo fue testigo de uno de los juicios más sonados, ocurrió en Cuba en 1989, fue el juicio militar público por medio del cual se sancionó a pena máxima al general Arnaldo Ochoa, un general de División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, considerado uno de los militares más aguerridos, con participación en misiones militares en Etiopía y Angola. Héroe de la República de Cuba, lo cual no impidió que fuera condenado junto a otros militares de alta graduación por traición a la patria producto de acusaciones de actividades ilícitas.
El general cubano fue sentenciado a muerte en uno de los juicios más publicitados; la misma prensa estatal se encargó de trasmitir cada detalle del juicio. Se le acusó a él y a otros de contactarse con narcotraficantes internacionales para traficar con cocaína, diamantes y marfil; utilizar el espacio aéreo, el suelo y las aguas cubanas para esas actividades y como resultado de eso, avergonzar a la revolución cubana con actos que son contrarios a la ética moral de una transformación revolucionaria basada en principios.
La dirección del Estado cubano emprendió aquel juicio basado en la convicción que los actos llevados a cabos por parte de los encausados era contrario a la moral revolucionaria y, además, esto es importante, que, en las condiciones de un permanente bloqueo y hostilidad por parte de Estados Unidos hacia la isla, tales prácticas constituían un acto de provocación que podría justificar mayor agresión al país y hasta explicar, en la lógica imperial, una intervención armada.
Después de aquel hecho, los Estados Unidos nunca han podido documentar la participación de Cuba y sus autoridades en actividades ilícitas en el contrabando de estupefacientes.
En el caso de Honduras, cuando pensábamos que todo estaba dicho con el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, donde terminó siendo condenado a prisión por 45 años al encontrarlo culpable en los Tribunales de Nueva York en el tráfico de drogas, aparece el caso de Carlos Zelaya, ligado a la familia presidencial, en un video negociando recursos con personas vinculadas a actividades ilícitas. El video pareciera estar conectado con el encuentro que tuvieron en Caracas el exministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández con el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, cuestión que provocó inoportunas declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, señora Laura Dogu; las declaraciones de Dogu, sin haber una justificación, hizo que la mandataria hondureña, Xiomara Castro, denunciara el acuerdo de extradición firmado entre Honduras y Estados Unidos, un tratado de interés recíproco.
Si la diplomacia hondureña actuara con más sapiencia, lo ocurrido pudo evitarse, bastaba que se aplicara el principio de reciprocidad en las relaciones diplomáticas, esto quiere decir, que, si el evento al cual asistieron los funcionarios hondureños era un encuentro de escuelas militares de varios países, Honduras debió enviar una delegación que correspondiera con el mismo, es decir una delegación de la Escuela Militar Francisco Morazán.
