El resumen del destino empezó hace 15 años: un golpe de Estado desbarató el enclenque andamiaje social y desató una crisis sin precedentes que dio paso a la resistencia popular y luego a un reacomodo en los procesos electorales; el partido Libertad y Refundación se inserta en la caza de votos bajo las reglas de la dictadura que ellos mismos denunciaban.
15 años de promesas en luchar contra toda raíz de corrupción, para refundar el Estado... y eso los llevó al poder. Esa promesa de acabar con la corrupción excesiva de una clase política criminal que gobernó 12 años sin medida.
Libre utilizó la “lucha contra la corrupción” como una herramienta poderosa en la política. Fue el vehículo a través del cual comunicaban sus visiones y compromisos con el electorado, con la esperanza de ganar su confianza y su voto. Pero las promesas electorales y la realidad de su cumplimiento una vez en el poder, tienen distintos matices y el más oscuro es el arte de disfrazar la mentira en verdad.
Y la verdad es un humo escaso que nos vendieron al asumir la presidencia en enero del 2022, prometiendo la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como parte de su lucha contra este flagelo en el país.
Desde entonces, se han firmado incontables acuerdos y memorandos de entendimiento con la ONU, a fin de negociar los términos de la CICIH, luego de su tercer aplazamiento al hilo solicitando prórrogas de seis meses, la última fue en diciembre de 2023, la cual finalizó el 15 de junio.
Esa dilatación del proceso y la falta de transparencia han puesto las trampas a un mecanismo que venga a luchar contra la corrupción que está enraizada en la institucionalidad del país.
Al final de cuentas turbias, no hay voluntad política ni ganas de enfrentar lo que la ONU ha solicitado dentro de una serie de requisitos con miras a respaldar la instauración de la CICIH, que incluye la creación de una ley especial para la selección de altos funcionarios, la derogación del decreto de la ley de amnistía política, el establecimiento de una estrategia nacional anticorrupción y reformas al Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas. Además, con garantías de independencia, autonomía e imparcialidad.
Toda una “declaración de guerra” de Libre, que prefiere proteger a sus sombras en esas oscuranas de la administración y alimentar este año político y el otro con las promesas electorales diseñadas a capturar la imaginación de los votantes y ofrecer una visión de “un futuro mejor”. Y volver a empezar con los villancicos de la mentira en la “lucha anticorrupción”.
Puesto que en Libre es mejor continuar con la farsa, porque las promesas tienen el potencial de movilizar a las masas hacia objetivos comunes e idealizar cambios positivos, continuando un largo ciclo de expectativas y decepciones.
Ya no hay tiempo para que el que gobierno de Castro adopte un enfoque transparente y responsable en la formulación y comunicación de sus promesas. Ya no hay condiciones ni objetivos realistas basados en evidencia y análisis rigurosos, a fin de mantener un diálogo abierto con los ciudadanos sobre los desafíos y limitaciones que se deberían enfrentar contra la corrupción.
“La dictadura perfecta tendrá la apariencia de democracia, una prisión sin muros en la que los prisioneros nunca soñarán con huir. Un sistema de esclavitud donde, gracias al consumo y la división, los esclavos amarán su esclavitud”. Aldous Huxley, “Un mundo feliz”.
Queda nada más la sociedad civil, que juega un papel crucial e importante en la verdadera lucha contra la corrupción y la vigilancia de las promesas gubernamentales. Los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos que aún pueden ejercer su derecho a la información y participar activamente en el seguimiento de esta batalla moral.
Esta participación contribuye a una cultura de responsabilidad y transparencia en cerrar la brecha entre la retórica y la verdad que nos aclara la memoria con las mismas palabras de este gobierno: “prohibido olvidar”
