Tuve la oportunidad de reunirme con la misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designada para revisar las condiciones para un mecanismo internacional anticorrupción conocido en nuestro argot como Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Durante la conversación se tocaron obstáculos jurídicos que terminaban convergiendo en actitudes políticas. Pues, cuando se busca combatir la corrupción en Honduras, inevitablemente se tocan intereses políticos.
Sin embargo, un gobierno que busca proyectarse como democrático no puede rechazar una propuesta de acompañamiento anticorrupción; en cambio, debe otorgarle una apariencia legal mediante la prolongación del proceso, la introducción de pasos burocráticos o requisitos normativos. Aunque todavía no se ha consumado legalmente el rechazo a la CICIH es importante considerar algunos escenarios.
El primero de ellos lo llamo “carta electoral”, en el cual se llega a un acuerdo bilateral ratificado entre la ONU y el gobierno, cumpliendo con las garantías legales mínimas y los requisitos para su funcionamiento, así como con un mandato de un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas.
Este resultado es utilizado por el oficialismo en su campaña electoral. En el contexto actual, para generar voluntad política, el gobierno tendría que ser influenciado por una fuerte crisis que cause una pérdida de aprobación popular.
La clave está en cumplir antes del inicio oficial del ciclo electoral, es decir, antes de septiembre de 2024, cuando se convoquen las elecciones primarias.El segundo escenario lo denomino “cálculo político”, en el cual el oficialismo logra cumplir con las garantías mínimas y la ONU otorga un mandato al mecanismo, pero el inicio del ciclo electoral impide que el Congreso Nacional apruebe el acuerdo bilateral como un tratado internacional.
Este escenario podría ser una victoria política para el partido Libre, al mostrar cierta voluntad política que les permita obtener beneficios electorales, mientras se deja en una posición desfavorable a los partidos de oposición. Para que este escenario se materialice, el oficialismo tiene un año de trabajo.
El tercer escenario es el “riesgo político”, que implica que no se cumplan las tres condiciones mencionadas: garantías legales, mandato de la ONU o acuerdo bilateral. Este escenario es muy realista, ya que existe el riesgo de realizar reformas legales que perjudican al oficialismo, como la derogación del fondo departamental, la inmunidad parlamentaria o la ley de amnistía.
Además, negociar con la oposición a medida que se acercan las elecciones conlleva implicaciones en términos de cuotas de poder y recursos financieros.Lo más probable es que el gobierno ya tomó una decisión sobre la CICIH. Sin embargo, algo que no conocen es la magnitud de las consecuencias, lo cual queda en manos de la población.
