Como un ritual, cada gobierno que llega a Casa Presidencial revive la idea de recuperar Ciudad Mateo. Un proyecto de vivienda que se inició en la administración de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), proyecto por el cual Callejas y otros funcionarios fueron llevados a la fiscalía para que dieran cuenta de irregularidades llevadas a cabo durante el proceso de adquisición de las tierras e inicio de la construcción; aun cuando no se contaba con las licencias ambientales requeridas. Algunos funcionarios todavía andan prófugos de la justicia por ese monstruoso acto de corrupción.
En la presente administración, el director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Amable de Jesús Hernández, ha dicho que, con instrucciones precisas de la señora presidenta de la República, Xiomara Castro, se habilitará el mencionado proyecto de vivienda.
No se conoce resolución alguna de los órganos directivos del Injupem sobre el tema aludido. Según los estatutos del organismo previsional, su dirección, administración y gestión debe caracterizarse por su autonomía política y gremial, además, por su racionalidad y eficiencia administrativa. Debe recordarse que la finalidad de este instituto es la prestación de servicios y beneficios a los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo y son estos los que, por derecho propio, al ser ellos cotizantes del sistema, los que deben decidir las acciones que más convengan a sus intereses.
En el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández se puso en práctica los temibles y cuestionados PCM, que eran Decretos Ejecutivos de emergencia que salían de la Presidencia del Consejo de Ministros, era una forma de quitarle funciones a las Secretarías de Estado y a otras instituciones para gobernar de manera discrecional, al margen de la ley. De generalizarse esta práctica en la presente administración, como en el pasado, estaríamos en presencia de un debilitamiento de lo que los abogados llaman Estado de derecho.
El proyecto de Ciudad Mateo fue detenido por diversos organismos como la Fiscalía del Medio Ambiente y el SANAA, después de comprobar que representaba un alto riesgo de contaminación para el agua superficial y subterránea de la subcuenca del río Guacerique, que abastece a la represa Los Laureles.
Si los estudios medioambientales que se hicieron para impedir la continuación del proyecto no han sido modificados y, en consecuencia, la prohibición de tal obra persiste, no se entiende cómo ahora las nuevas autoridades insisten en reanudar su construcción.
Según los entendidos, el proyecto de vivienda podría ser recuperado a condición de hacer millonarios desembolsos en la mitigación de los riesgos que representa para las fuentes de agua de la capital.
No se puede resolver el agudo problema de vivienda si eso implica poner en riesgo una de las fuentes de agua que abastece al 30% de la población de Tegucigalpa y si, además, va a debilitar la normativa y recursos del Injupemp. Los gobiernos no deberían recurrir a los fondos de los sistemas de previsión para promoverse en su accionar social.
