La última semana se estuvo discutiendo en el seno del Congreso Nacional el presupuesto para las elecciones internas o primarias de los partidos políticos para que seleccionen sus candidatos de cara al proceso de elecciones generales de 2025.
Es importante comenzar resaltando que, particularmente no estoy de acuerdo con que seamos nosotros, como población, que debamos financiar las elecciones internas de los partidos políticos, deberían ser los mismos partidos que paguen sus propias elecciones para elegir sus autoridades, pero bueno, es mandato legal financiar esto con nuestro erario, y al ser un mandato legal debe garantizarse que se efectúen estas elecciones de la manera más eficiente y transparente posible.
En ese sentido, la propuesta del presupuesto aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), asciende a L1,492 millones, la cual incluye 29 proyectos dentro de los cuales ya mencionan el reconocimiento biométrico y el sistema de transmisión de datos, sin embargo, fiel al estilo de nuestros gobiernos, el Congreso Nacional de la República en el decreto que deben aprobar el presupuesto de las elecciones internas de 2025 está incluyendo un artículo que hacen mención de los aspectos técnicos recién mencionados (reconocimiento biométrico y sistema de transmisión de datos), específicamente el artículo 3, el cual ha generado controversia, ya que la oposición política se opone a este aspecto porque las reformas que tengan que ver con aspectos técnico-electorales le corresponden al CNE, y las reformas electorales por mandato constitucional deben hacerse con 86 votos, no con 65.
Es oportuno mencionar que el decreto de presupuesto electoral es una disposición temporal en la cual, el Congreso Nacional, hace mal en querer incluir reformas legales y electorales. Esta pretensión forzada está dilatando la aprobación de este presupuesto, por ende, reduce los tiempos de preparación que tiene el CNE para prepararse técnica y logísticamente para las elecciones internas de 2025, lo que puede propiciar que eventualmente hayan compras directas. Nuestros diputados y algunos funcionarios públicos deben comprender lo importante que es para Honduras proyectar seguridad jurídica, pero este no es el caso, este tipo de cosas reflejan incertidumbre jurídica, lo que no permite que haya más inversiones en este país, los encargados en garantizar el cumplimiento de la Constitución y sus leyes son los primeros en vulnerarlas. Debemos buscar la manera de subir la calidad del discurso técnico y reducir el discurso político, para tener discusión de calidad, sin imposiciones y la población pueda entender qué es lo que sucede. Merecemos un proceso electoral transparente, apegado a ley.
