En El Salvador, previo a la llegada a la presidencia de Nayib Bukele en junio de 2019, las pandillas o maras atemorizaban a la población y tenían un poder territorial desmedido. Se trataba de un fenómeno social de seguridad que necesariamente debía ser combatido para garantizar al pueblo salvadoreño la tranquilidad necesaria para desarrollar sus actividades cotidianas con paz y tranquilidad.
El fin, entonces, era combatir a las pandillas y restablecer el orden en el país. Bukele lanzó pronto el “Plan Control Territorial”, una estrategia sin precedentes que, desde marzo de 2022, principió a dar los resultados que la población esperaba y necesitaba. Lo hizo por medio de un decreto que creaba un estado de excepción con severas restricciones a los derechos individuales constitucionales que, sin embargo, facilitan la labor de las autoridades para la captura –sin orden de juez– de aquellos que se consideran pandilleros, a los que se les llama desde entonces “terroristas”, para darles penas más severas.
Estos estados de excepción se contemplan en varias constituciones latinoamericanas, me parece, como herencia del pasado de gobiernos militares que los utilizaban para reprimir cualquier brote ciudadano de oposición. Les funcionaban a los militares y le funcionó a Bukele, cuya popularidad principió a subir como la espuma. No recuerdo a ningún presidente de la región que haya alcanzado sus niveles de popularidad y aceptación, lo que valió su reelección para un segundo período, aunque con una violación constitucional, pues la reelección estaba prohibida en el pequeño país centroamericano.
En todo caso, para perseguir a las pandillas se creó ese marco, permitido por la Constitución, sin que nadie imaginara entonces que la excepción se convertiría en una norma permanente, ya que desde entonces se ha renovado en 29 ocasiones, un hecho también sin precedentes en las democracias latinoamericanas.
Se ha visto que aquel loable y plausible fin –terminar con las pandillas–, se ha convertido en una obsesión y paulatinamente se ha caído, más y más, en violaciones a los derechos humanos de muchos salvadoreños y empieza mostrar que las autoridades, a partir del presidente Bukele, optan por el camino más fácil, en vez de apegarse a los lineamientos legales establecidos por la Constitución para continuar con la guerra declarada a las pandillas.
En un principio existía una lógica para el primer estado de excepción, puesto que era necesario dar un golpe de mesa y capturar lo antes posibles a los jefes de las pandillas y desbaratarlas desde su raíz. Estoy convencido de que se justificaba aquel estado de excepción, pero entendiendo que era eso, una “excepción” y no una nueva normalidad.
Pasaron 1, 2, 3,4... y van 29 meses bajo las mismas condiciones. ¿Será que las autoridades son incapaces de hacer su tarea sin limitar las garantías del resto de la ciudadanía?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido un informe sobre la situación en El Salvador, en el que primero destaca la necesidad que existía en ese país de combatir esas terribles pandillas. Es decir, era evidente que el fin ameritaba medios drásticos... pero su permanencia –el medio– ha resultado abusador y desmedido.
La CIDH ha podido constatar que han existido abusos y violaciones a los derechos humanos. Puede ser que sean la minoría de los casos, pero no dejan de ser violaciones a los derechos ciudadanos.
La prisión preventiva se ha convertido en prisión dictada, los jueces emiten sentencias o resoluciones sin las pruebas necesarias y a los acusados no se les permite la debida defensa.
Aquello que pudo ser bueno, se ha convertido en algo tenebroso. Ciertamente, si se aplica a un pandillero, pareciera tener alguna justificación, pero cuando se produce una captura injustificada y el acusado enfrenta un proceso sin poder defenderse, es un abuso que no se debe permitir.
Es seguro que cuando Bukele llegó al poder, había muchísimas deficiencias dejadas por los corruptos gobiernos anteriores. Eso era “justificación” para principiar el “control territorial”, pero no existe justificación alguna para que, a estas alturas de un segundo período presidencial, no se haya desarrollado la capacidad institucional para actuar con estricto cumplimiento a lo establecido por el ordenamiento jurídico.
Más bien, ahora se convierte en una demostración de incapacidad para hacer lo necesario de manera correcta. En otras palabras, el “el fin NO justifica más los medios”.
Solamente bajo dictaduras se pueden observar este tipo de autoritarismo y abusos injustificados. El informe de la CIDH es objetivo y claro...
Cierro con un párrafo que es sustancial, claro e innegable: “una medida excepcional debe ser necesaria, razonable y proporcional al contexto de la emergencia, advirtiendo que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia y que la aplicación del estado de excepción debe estar estrictamente limitado al tiempo que dure la situación de emergencia”. Y concluyo de mi parte: una emergencia no puede ser permanente.
