Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, de enero a junio de este año se registran 178 muertes violentas.
En los últimos 15 años, los homicidios contra mujeres superan los 5,600. Para aumentar el círculo de discriminación e indiferencia, más del 90 % de estos crímenes permanecen en la impunidad. Aunque las cifras arrojan una modesta reducción en relación con 2017, el odio, la saña y la crueldad con la cual torturan a las víctimas va en aumento.
El escenario es difícil; el año anterior, el mismo Comisionado de los Derechos Humanos reconocía y criticaba la falta de estrategias preventivas e investigativas que desde el Estado contribuyen a mantener y reproducir la impunidad.
Es bajo este preocupante y complejo contexto que la doctora Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense (MF), denunció el 1 de julio que enfrentaba reiteradas presiones, intimidaciones y amenazas de muerte.
La patóloga y cuatro profesionales de ese instituto, dependencia del Ministerio Público (MP), enfrentan riesgos mortales por haber revelado que la muerte de la jefa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Copán, Sherill Yubissa Hernández Mancía, no fue suicidio como afirma la ATIC, sino homicidio.
De inmediato OACNUDH, ONU Mujeres, OXFAM, Visitación Padilla, JASS, CEM-H y el Grupo Sociedad Civil le expresaron públicamente su solidaridad y demandaron la investigación y protección correspondiente.
Con 28 años de edad, Hernández Mancía manejaba información arriesgada sobre casos criminales. Previo a su traslado a Copán, en San Pedro Sula participó en las tres Operaciones Avalancha que asestaron duros golpes a grupos delictivos acusados de asociación ilícita, narcotráfico, extorsión, sicariato y lavado de activos. Pero como es costumbre, y para esconder el crimen, se trata de empañar su profesionalismo, visibilizando su vida sentimental.
Los hematomas en cuello, piernas y brazos expresan que hubo violencia antes del disparo en la sien que le ocasionó la muerte; luego se forzó una posición del cuerpo para simular un suicidio. Para la doctora Villanueva, esta y otras inconsistencias muestran que la ATIC no siguió el protocolo que se requiere en este peritaje, que tardó solo una hora. Esto solo indica que algo se esconde, ¿quién gana queriendo callar a la directora del MF? ¿Quién estaría detrás de este hecho nebuloso para que el trabajo profesional del MF sea descalificado por otra unidad del MP?
Villanueva ha cobrado notoriedad en los medios de comunicación porque es una mujer decidida, valiente y comprometida con la defensa de los derechos humanos y además sensible ante los problemas de las víctimas de la violencia y sus familiares.
Estas cualidades le valieron el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2018, que entrega anualmente el gobierno de los Estados Unidos de América a diez prominentes mujeres en el mundo. “Ha cambiado fundamentalmente la naturaleza de la responsabilidad penal en Honduras, especialmente en relación con los delitos violentos perpetrados contra mujeres y niños”, indica el perfil destacado en la entrega del galardón.
La muerte de la jefa de la ATIC y la amenazas a Villanueva son dos casos de alto impacto sobre violencia contra mujeres, corrupción e impunidad que exige una investigación inmediata y exhaustiva, y además la garantía de que se ofrecerán las medidas de protección tanto a la directora de MF y sus empleados como a sus familiares y los de la víctima.
27 años después de Ricci Mabel, se mantiene la sombra de la impunidad, teniendo de nuevo a un ente de la seguridad pública como actor. No podemos seguir así.
