Con total impunidad todavía de los hechos ocurridos en la llamada “década perdida”, en Honduras continúa la violación de los derechos humanos, en sus más diversas formas. Incluso durante la actual administración la situación ha empeorado, tal como lo señalan las estadísticas y los organismos nacionales e internacionales. Y desde el mismo gobierno, en estos momentos, se promueve el irrespeto a garantías tan fundamentales como la libre expresión.
El viernes pasado, para el caso, tanto el gobierno como organizaciones no gubernamentales presentaron en Washington un informe al respecto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, en el que las segundas señalaron que a un año de concluir el mandato de Porfirio Lobo, en Honduras la situación de violación de derechos humanos registrada tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales, “no solo persiste, sino que se ha agravado”.
Los derechos más violentados son los económicos, los de las mujeres, defensores de los derechos humanos, irrespeto a la división de poderes y hasta de la soberanía nacional con la aprobación de las “ciudades modelo”, dijeron ante la CIDH los representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Equipo de Reflexión, Investigación de la Compañía de Jesús (Eric), Foro de Mujeres por la Vida y la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD).
De igual manera se destacó la creciente muerte violenta de mujeres y la total impunidad de los perpetradores, ya que la inmensa mayoría de los casos ni siquiera son esclarecidos, como ocurre también con los 33 periodistas que han sido asesinados en lo que va del gobierno del presidente Lobo.
Aunque la representante del gobierno, la procuradora general de la República, Ethel Deras, sostuvo que “las condiciones políticas en Honduras han mejorado sustancialmente, garantizando los derechos de los ciudadanos”, la realidad diaria nos demuestra que la razón está de parte de quienes denuncian el empeoramiento de la situación.Y es que la sociedad no ha visto voluntad política para enfrentar o subsanar las graves violaciones a los derechos humanos y más bien desde el poder se traman iniciativas y proyectos que los vulneran como las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, las cuales claramente atentan contra la libertad de expresión.
