Por cuarto año consecutivo se celebra el Día Mundial dedicado a la Justicia Social.
Las Naciones Unidas establecieron cada 20 de febrero para que la comunidad internacional renueve los esfuerzos para erradicar la pobreza, conseguir el pleno empleo y promover la igualdad, entre otros objetivos. La expansión de dicho tipo de justicia en el mundo contribuye al respeto efectivo de la dignidad de las personas, en ambientes socioeconómicos que permitan su progreso, y a fortalecer la gobernanza democrática.
Cuando en no pocas plazas del mundo se expresa el rechazo a las consecuencias de la liberalización financiera y son muchos los hogares que las sufren, resulta pertinente que la comunidad internacional se haya propuesto insistir en la imperiosa necesidad de retomar la justicia social como inspiración y sustento de estrategias de desarrollo que -en democracia- promuevan crecimiento económico con inclusión social, a través de la promoción de más y mejores trabajos.
Este año, dado que en junio se celebrará la Conferencia Río + 20 sobre Desarrollo Sostenible, el secretario general de la ONU ha sugerido “repensar las estrategias de desarrollo y prácticas empresariales” para un futuro más sostenible y equitativo. El señor Ban Ki-moon exhorta “a trabajar juntos para equilibrar la economía mundial y construir un nuevo contrato social para el siglo XXI”.
Comprender que la justicia social no es solo un referente sino que tiene expresiones concretas que pueden y deben beneficiar de la gente es, quizá, el aporte contemporáneo a un valor que se afirmara en la conciencia colectiva occidental a mediados del siglo XIX.
Hace dos siglos dicha justicia se enfocaba más en lo que se conoce como justicia distributiva (asignación de bienes en una sociedad) desde el punto de vista normativo. La lógica subyacente fue que la economía causa problemas sociales y estos se deben resolver con herramientas jurídicas. De alguna manera se había dejado de lado la dimensión económica de la cuestión.
Recientemente los trabajos de Peter Drucker sobre la colaboración entre trabajadores y empleadores para el progreso empresarial ilustran cómo los llamados problemas sociales pueden tener respuestas desde la economía y no solo desde el derecho. Desde otra perspectiva, Amartya Sen, al vincular desarrollo y libertad, echa luces para un aggiornamento de la justicia social y su dimensión económica. La promoción de la justicia social debe utilizar los recursos que le ofrece el derecho tanto como los que le puede ofrecer la economía.
Hoy se comprende con mayor claridad que la democracia política y aquella económica son interdependientes y por tanto la convergencia de políticas económicas y sociales es la herramienta conceptual para avanzar en la construcción de sociedades cada vez más inclusivas. Pero dicha convergencia no debe ser solo conceptual. Debe animar gestiones públicas y gerencias privadas que integren ambas dimensiones. A un pensamiento integrado debe seguir una gestión/gerencia integradora.
El director general de la OIT ha señalado que es necesario “un cambio analítico que asigne mucha importancia al entendimiento de las relaciones estratégicas entre las variables económicas, sociales, ambientales y otras”. Este cambio deberá estar orientado a la búsqueda de soluciones de políticas integradas y coherentes y, con ello, la mayor vinculación entre economía y agenda social.
Esto demanda un renovado marco analítico que promueva políticas convergentes. La convergencia no es algo esotérico ni accesible solo a un círculo hermético pues el ciudadano de a pie vive de forma integrada lo político, lo económico y lo social. Las personas percibimos nuestras vidas como un todo. La indispensable promoción de la justicia social, en la globalización, requiere integrar sistemáticamente metas sociales, económicas y políticas.
