La sociedad hondureña ha sido sorprendida las últimas dos semanas por el asesinato de por lo menos 13 mujeres. En tres de los casos, las mujeres fueron atacadas junto a sus hijos menores de edad, dos de los cuales perdieron la vida y un tercero que lucha por su vida en un hospital de Tegucigalpa.
Los casos ocurrieron uno en Francisco Morazán, otro en el departamento de Yoro y un tercero en Olancho. Las víctimas no se conocían entre sí, pero sus vidas terminaron en circunstancias similares: fueron asesinadas por sicarios, seguramente hombres, quienes usaron armas de fuego y huyeron de la escena del crimen, dejando tras de sí hogares destruidos, hijos huérfanos y autoridades que dicen investigar y buscar a los responsables.
Estos crímenes son parte de una interminable cadena de asesinatos de mujeres que se han registrado este y los últimos años y que ponen a Honduras entre los diez países con mayor incidencia de estos casos en el continente.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registró en 2017 un total de 389 casos de asesinatos de mujeres y feminicidios, una gran mayoría de ellas (117) de entre 15 y 24 años de edad. En 2018 ya se contabilizan 156 casos más.
Las estadísticas son alarmantes y demandan la toma inmediata de acciones para frenar esta epidemia que afecta a las familias y a la sociedad.
El Estado y todos los estamentos de la sociedad están obligados a impulsar políticas que garanticen la seguridad y una vida digna a las mujeres. Hoy más que nunca se necesita la voz y las acciones de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer que por años parecen estar, junto a las autoridades, resignadas a solo registrar el número de feminicidios.
Los asesinatos de Urania Lizeth, Aydil Gabriela, Amy Milagros y Olga Beatriz no deben quedar impunes. Las autoridades policiales y judiciales tienen la obligación de identificar y castigar a los culpables, no importando quienes sean.
