Con sus últimas decisiones, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, ha -prácticamente- desbaratado el Mecanismo de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, poniendo con ello en riesgo la vida de 158 personas que estaban acogidos al mismo.
Así lo han denunciado defensores de derechos humanos tras la decisión de la funcionaria de despedir a todo el equipo técnico del Mecanismo, bajo el argumento de que no podía trabajar con criminales y la convocatoria unilateral para la elección de los nuevos concejales para el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de los Derechos Humanos.
Los miembros del Mecanismo consideran que las decisiones de la ministra solo tienen como fin integrar las instancias con activistas del partido Libre (en el poder), en detrimento de los derechos de quienes fueron formados y capacitados para integrar estos organismos y de las personas que han acudido al mecanismo en busca de protección, entre ellas 14 operadores de justicia, 12 periodistas, 119 defensores de derechos humanos y 13 comunicadores sociales, a quienes, sin importar su militancia política, el Estado está obligado a proteger sus vidas.
La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia se aprobó en cumplimiento de una de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otra de la Asamblea General en la que se llamaba al Estado de Honduras a establecer los mecanismos de protección de los defensores de los derechos humanos.
Sería un error garrafal la politización del Mecanismo, pues ello no coadyuva al cumplimiento de los objetivos para los que fue creada la ley. El camino a seguir debería ser su cumplimiento irrestricto
