En salud y educación pública, dotación de agua, energía eléctrica, telefonía y seguridad, a cargo del gobierno mediante sus entes especializados, se evidencia un notorio descenso en la calidad, eficiencia y puntualidad que brindan.
La cada vez más grave y severa epidemia de dengue, que ya llegó a 50,000 casos entre fallecidos, internados y convalecientes, ha permitido constatar la ausencia de prevención, coordinación y prontitud en la dotación de medicamentos, infraestructura sanitaria, además el inminente despido de personal profesional que no milita en las filas del partido político hoy en el poder, con ello agravando aún más la magnitud de esta severa crisis.
Hospitales cuya construcción está paralizada, el más reciente ejemplo el de Roatán, destruido en un incendio, o centros de salud en acelerado deterioro en su planta física. Algo similar sucede en los centros educativos, con docentes y alumnado expuestos a violencia interna y externa, con materiales de enseñanza obsoletos en sus contenidos, favoreciendo o discriminando a los maestros en su contratación y promoción, dependiendo si pertenecen o no al partido que gobierna.
Cobros desproporcionados en el abastecimiento del fluido eléctrico, con interrupciones y cortes súbitos, cada vez más frecuentes, particularmente en las zonas norte y oriental, provocan la justificada reacción y reclamos populares al ser perjudicados en sus hogares y negocios. La telefonía fija, a la baja en el número de usuarios, agrava sus finanzas en rojo, con personal supernumerario que recarga la planilla salarial. La seguridad de las personas y sus bienes, expuesta a los embates delictivos.
Lejos de asumir sus respectivas responsabilidades, los altos mandos las evaden, responsabilizando de las deficiencias a otras instituciones o bien a gobiernos anteriores. Tal es la cotidiana realidad en que subsistimos las y los hondureños.
