Por el bien y la tranquilidad de la ciudadanía, los organismos de investigación y de justicia de Honduras deben investigar con celeridad el asesinato del joven de 17 años Eblin Noel Corea Maradiaga, ocurrido la noche del 20 de junio en Yarumela, La Paz.
Eblin Noel fue asesinado a tiros durante el desalojo por parte de un comando militar de pobladores que mantenían tomada una carretera en las inmediaciones de esa comunidad. Manifestantes y familiares de la víctima acusan de uso excesivo de la fuerza a los policías militares que ejecutaron el desalojo y dispararon a mansalva contra los protestantes.
El Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos ha calificado el hecho como una vulneración grave a los derechos humanos y ha solicitado a las autoridades militares y policiales que cese el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. Ha demandado también al Ministerio Público agilizar las investigaciones sobre la muerte de Corea Maradiaga y evitar con ello que este caso pase a ser un número más en la larga lista de crímenes impunes.
Por el bien y la tranquilidad del país, las autoridades castrenses y policiales están obligadas a cooperar con estas investigaciones entregando toda la información que les sea requerida sobre quiénes participaron en la operación y las armas utilizadas.
Con la misma celeridad, deben investigarse los hechos ocurridos esta semana en el campus universitario de Tegucigalpa, en donde los policías militares enfrentaron con armas a un grupo de encapuchados que tenían tomadas las instalaciones de la alma máter, evento que terminó con el saldo de cuatro estudiantes heridos.
Los anteriores son hechos que no deben volver a pasar.
Las fuerzas policiales y militares no deben olvidar que su primera obligación constitucional es proteger y respetar los derechos humanos, no hacerlo sería profundizar en la impunidad que prevalece en el país y que violenta la paz social.
