Esta semana nos hemos sorprendido con una de las noticias más dolorosas y escandalosas de los últimos tiempos en Honduras. Los hechos ocurrieron en Tocoa, Colón, en donde agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron y detuvieron a seis empleados del Centro de Menores Ministerio Puertas Abiertas, a quienes vinculan con una serie de abusos a 38 niños y niñas que estaban bajo su protección. Las informaciones son alarmantes.
Una de las niñas, según una alta funcionaria de la Dinaf, habría quedado embarazada producto de una violación y el bebé no estaba en el centro, aunque, sin entrar en detalles, dijo que fue rescatado en otro sitio.
Pero la funcionaria fue más allá al manifestar que han solicitado al Ministerio Público se investiguen otros centros de internamiento similares al de Tocoa, que funcionan en otras regiones del país, y en los que se estarían cometiendo abusos similares. Las denuncias son graves y deben investigarse hasta llegar a la verdad y al castigo de los responsables de estos abusos contra nuestros niños y niñas, que no importando las razones llegan a estos centros creyendo que en los mismos les protegerán, pero no que abusarán de su integridad física y mental.
Es un llamado de atención para que desde el Estado se definan las políticas de funcionamiento y seguimiento de estos centros de internamiento, porque se ha conocido que los mismos, por ahora, funcionan libremente, sin la debida supervisión de los entes estatales, lo que agrava la vulnerabilidad de los niños, las niñas y los jóvenes a los que cobijan.
Es de esperar que el Ministerio Público acredite la responsabilidad de los detenidos para que los jueces que conocen la causa no tengan posibilidades de dejarlos en libertad y más bien les apliquen todo el peso de la ley. Que este no sea un escándalo más, de esos que duran una semana y luego pasan a dormir el sueño de los justos, arropado por el manto de la oprobiosa impunidad, que tanto daño causa a la sociedad.
