El golpe de la pandemia del coronavirus a la pequeña economía hondureña será devastador.
La paralización obligatoria de la actividad económica dejará sin duda sus huellas; las pérdidas serán superiores a los 10,000 millones de lempiras, según las proyecciones preliminares del sector empresarial.
El turismo ya resiente los efectos de la crisis al enfrentar la caída de más del 70% de sus reservaciones para la Semana Santa. La cancelación de la llegada de cruceros, el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas y el cierre de la industria de la maquila también impactará en la economía de miles de familias que dependen de ese sector. El transporte reporta también pérdidas millonarias.
Todo lo anterior impactará, sin duda, en la clase trabajadora ante el inminente cierre de puestos de trabajo, y lo más grave, de pequeños y medianos emprendedores de los que dependen un alto porcentaje de la población.
Todo obliga al gobierno y a los empresarios a trabajar en un plan de emergencia que garantice a los trabajadores sus empleos e ingresos para la subsistencia. No hacerlo es orillar a más hondureños y hondureñas a agudizar los niveles de pobreza.
La solidaridad debe ser el sentimiento que medie en ese actuar.
Las propuestas están sobre la mesa y deben ser analizadas profundamente para tomar decisiones congruentes con la crisis que se está viviendo, pero siempre enmarcado en el estamento legal.
No es tiempo de aprovecharse de la situación para sacar provecho de la misma.
No hay que olvidar que la vida de las personas está en peligro, que el país se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes y que todas y cada una de las decisiones que se adopten deben tener precisamente, como fin primordial, el preservar la vida de los y las hondureños, sin distingos de ninguna clase
