La crisis política poselecciones internas escaló un peldaño más el fin de semana con una agresiva campaña en redes sociales en las que las Fuerzas Armadas buscan defenderse de los cuestionamientos por su papel en la cadena de custodia, distribución y salvaguarda del material electoral en las internas del 9 de marzo.
La inusual estrategia de los militares ha tomado por sorpresa a amplios sectores de la sociedad, en los que se debate, incluso, si la misma estaría en contra de los preceptos constitucionales que les mandan ser apolíticas y no deliberantes.
Los mensajes que están siendo publicados, más allá de buscar frenar la confrontación y abrir puertas para una solución urgente de la crisis, encrespan el ambiente.
Los militares no pueden deslindar su cuota de responsabilidad en los retrasos en la cadena de distribución y custodia del material electoral y antes de querer empañar el proceso con sus posiciones confrontativas y amenazantes, deberían esperar que el Ministerio Público realice su trabajo de manera independiente, sin la interferencia de fuerzas políticas que atizan el conflicto.
La responsabilidad de todos, autoridades, sociedad, es asegurar el cierre de las elecciones primarias en los términos que establece la ley, una posterior evaluación de los procesos con el único fin de identificar y proponer soluciones a los problemas encontrados y asegurar que los mismos no se cometerán en el camino hacia las elecciones generales de noviembre.
El respeto a la institucionalidad es vital, comenzando por garantizar la autonomía del Consejo Nacional Electoral y el respeto irrestricto a sus miembros; y demandando que el rol de los militares se enmarque exclusivamente en los mandatos que les señala la Carta Magna en materia electoral.
Los políticos, por su parte, están llamados a someterse a la voluntad popular expresada en las urnas. Ese es el juego de la democracia que deben respetar.
