La lucha contra la corrupción debería ser una de las luchas constantes de gobiernos y de la sociedad hondureña para hacer frente a la dilapidación de los fondos públicos ya que ha sido una constante que desgraciadamente no se castiga.
Los costos de la corrupción son incalculables y sus efectos golpean con fuerza a la población que lucha día con día por romper las cadenas de la pobreza a la que están atados, frena el desarrollo económico de la nación, desalienta la inversión, aumenta los niveles de violencia y delincuencia, profundiza las desigualdades, debilita el Estado de derecho y la institucionalidad.
Una de las principales demandas de la sociedad hondureña ha sido, y sigue siendo en estos momentos, la lucha contra la corrupción, desde todos los frentes posibles.
Esta es, sin duda, la razón por la cual son muchos los sectores que hoy cuestionan la determinación de la Corte Suprema de Justicia que el martes anterior declaró sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la polémica Ley de Amnistía Política, contenida en el decreto 04-2022 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, aprobada por el actual Congreso Nacional, y al amparo de la cual se han visto beneficiados un buen número de exfuncionarios públicos acusados en los tribunales por delitos comunes, que no tenían que ver con persecución política.
La derogación de esta ley era una de las demandas de la ONU para la posible instalación en el país de una comisión internacional de lucha contra la corrupción, que vale recordar era una de las ofertas electorales de la actual administración del Estado.
La amnistía política por hechos ligados a actividades políticas no está en discusión, pero sí el que se abran espacios para favorecer a personajes que han cometido y siguen cometiendo otros delitos que deben ser castigados por la justicia.
