La aprobación de la nueva Ley de Trabajo Doméstico, en debate en el Congreso Nacional, es un paso necesario para que se garanticen los derechos de un sector laboral que durante años ha estado privado de ellos.
Jornadas sin límite de horario, salarios ínfimos y malos tratos son algunas de las condiciones injustas que sufren muchos trabajadores domésticos, comparables con los de la esclavitud.
La nueva ley busca establecer un salario mínimo -que todavía no ha sido definido-, aguinaldo, décimo cuarto mes, prestaciones, Seguro Social, reposo mínimo diario de 12 horas continuas, estabilidad para la mujer gestante y derecho a recibir medio sueldo hasta por tres meses en caso de accidentes o enfermedad no relacionadas con la función desempeñada.
Además, establece licencias especiales remuneradas por muerte de un familiar, nacimiento de un hijo -en el caso de los empleados varones- y vacaciones remuneradas una vez al año.
La normativa incluye como trabajo doméstico aquellas funciones que impliquen tareas como limpieza, cocina, lavandería, jardinería, conducción de vehículos para personas naturales, asistencia personal y acompañamiento no terapéutico, entre otros.
Según datos oficiales, en Honduras 125,383 personas son empleados domésticos, de las que 109,866 son mujeres y 15,517, hombres. Las cifras podrían ser mayores, puesto que existe una práctica extendida de emplear menores, incluso niñas y preadolescentes, a quienes se les vulneran todos sus derechos y que quedan en el anonimato.
En ese sentido, la nueva Ley de Trabajo Doméstico prohíbe la contratación de menores de 18 años.
Es de esperarse que no haya obstáculos para la aprobación de esta ley, que además debe ser socializada con la población beneficiada, ya que solo así podrá exigir el cumplimiento de sus derechos cuando un patrono pretenda hacer caso omiso de ellos. Bienvenida sea la nueva legislación que contribuye con la formalización del trabajo doméstico, reconociendo a quien lo desempeña como un empleado más, con todas las protecciones que ello conlleva.
