l presidente José Trinidad Cabañas, en discurso pronunciado el 2 de marzo de 1852, afirmó: “Hay un derecho constitucional en el pueblo, inherente a su soberanía, y el fundamento supremo de todas las libertades públicas: este es el derecho de la prensa libre. El público es el juez, y toda coartativa es un ataque a la soberanía y a la ilustración del pueblo. Estoy persuadido que no hay caso en que convenga la represión: si no es en los que toquen el sagrado de la conducta privada. Yo deseo, pues, que la libertad de la prensa sea de hecho ilimitada, y que mi administración sea censurada de cualquier manera, siempre que ella desagrade a mis conciudadanos. Para que yo pueda conocer la opinión, para que pueda saber mis extravíos, os encargo que me iluminéis con la razón de vuestros escritos, que me corrijáis con vuestra censura. Lejos de reprimir, ni aun indirectamente, vuestro soberano derecho, me aprovecharé de vuestras luces y opiniones, veré con la tolerancia más completa aun los desahogos de la pasión y la causticidad de los partidos”.
Tal absoluto respeto a criticar y disentir de la voz oficial no fue seguido por posteriores gobernantes. Así, Sierra, ofendido por críticas formuladas por el periodista y poeta Juan Ramón Molina, lo sentenció a cárcel y trabajos forzados; López Gutiérrez ordenó desterrar a los periodistas Salatiel Rosales y Abel García Cálix; Carías silenció la prensa opositora, optando los periodistas Alfonso Guillén Zelaya, Froylán Turcios, Medardo Mejía y Ventura Ramos a marcharse al exilio; Lozano ordenó el encarcelamiento del poeta y periodista Pompeyo del Valle; Villeda Morales continuó la oposición oficial a la prensa obrera, debiendo los periodistas y novelistas Ramón Amaya Amador y Longino Becerra abandonar su patria. México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela y Cuba son las naciones latinoamericanas en donde mayor número de comunicadores han sido silenciados, temporal o definitivamente, incluso vía asesinato e impunidad. Diario EL HERALDO, inclaudicable, prosigue infatigablemente en la defensa de este derecho humano, ofreciendo diariamente “la verdad en sus manos”, a riesgo de sufrir críticas y ataques sin fundamento proveniente de personas y grupos denunciados por corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias. No nos harán desviarnos de esta línea informativa al servicio del pueblo.
