Las mujeres en Honduras son víctimas de diversos tipos de violencia, las que, desgraciadamente, van en aumento, ante la pasividad de la sociedad y las autoridades que continúan en deuda al dilatar el impulso de políticas públicas robustas que permitan enfrentar y comenzar a frenar la problemática.
Organismos de defensa de los derechos de las mujeres registran la muerte violenta de 216 mujeres en 2024, y han señalado que el 20.4% de los casos están vinculado al crimen organizado.
Pero también, el Sistema Nacional de Emergencias 911 reporta que entre enero y septiembre de este año han registrado 27,809 denuncias por violencia doméstica y 39,550 por maltrato familiar, cifras que no representan la magnitud de la problemática, ya que se estima que los porcentajes de las personas que están siendo víctimas de este tipo de violencia -y no las reportan por diversas causas- podrían ser el doble o el triple.
Otras manifestaciones de las que no se tienen registros fiables son la violencia psicológica -insultos, humillaciones, amenazas-; la manipulación emocional, el aislamiento social, el control de las decisiones personales; las agresiones sexuales y el acoso sexual en los centros laborales, en la escuela y universidades, en la calle.
Otra manifestación de la que muy poco se habla es la violencia económica expresada en el control del dinero, los recursos económicos, la prohibición de trabajar o estudiar, la retención de ingresos; la violencia digital, el acoso y abuso a través de las redes sociales, la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento, o las prácticas médicas invasivas sin consentimiento de las pacientes.
En la lucha por proteger y defender cada uno de los derechos y la dignidad de las mujeres, es prioritario identificar cada uno de los tipos de violencia de las que están siendo objeto.
La impunidad no debe ser más la bandera que cobije a los perpetradores de estos delitos.
