Que los niños y jóvenes son esenciales para el presente y el futuro de cualquier sociedad no es una premisa nueva y mucho menos desconocida para quienes nos gobiernan y están obligados a impulsar políticas públicas encaminadas a garantizarles el respeto a sus derechos humanos y abrirles las oportunidades necesarias para alcanzar su pleno desarrollo.
Tampoco lo es que la falta de esas oportunidades tiene a miles de niños, de niñas y jóvenes viviendo en altos niveles de vulnerabilidad, alejados de las escuelas y al acecho de las bandas criminales y de narcotráfico que campean en el territorio nacional, viviendo en las calles y a un alto porcentaje pensando en migrar. La críticas situación que golpea a un alto porcentaje de esta población quedó expuesta en una encuesta del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (Iniees), de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en conjunto con la Secretaria de Educación, la que se aplicó en 2022 a alumnos de los 298 municipios y que reveló que la intención de los estudiantes de migrar hacia otro país se duplicó en comparación con cinco años atrás.
Según la encuesta, los niños vulnerables a la migración se encuentran presionados por diferentes factores, entre ellos los altos índices de pobreza, la falta de oportunidades y el reencuentro con sus familiares.
Los resultados de esta encuesta solo ratifican las razones de todos conocidas por las cuales en los últimos años se ha incrementado el número de niños y niñas no acompañados en la ruta hacia los Estados Unidos. También vuelven a poner sobre la mesa los temas de políticas públicas que deben ser prioritarios en un país como el nuestro para garantizar a sus niños y jóvenes, y a sus familias, el pleno desarrollo en el territorio que les vio nacer. No hay nada que inventar. El país demanda una mayor atención de esos problemas que están orillando a nuestros niños y jóvenes a huir de la patria que les vio nacer.
