La tormenta tropical Sara, que azotó a Honduras la semana pasada, dejó seis personas muertas y miles de personas damnificadas, muchas de las cuales todavía hoy no han logrado retornar a sus hogares o están aisladas porque sus comunidades siguen bajo el agua.
Las pérdidas en infraestructura ascienden preliminarmente a 500 millones de lempiras, según autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Los daños a la agricultura y ganadería también son millonarios, exponen los funcionarios del ramo, que todavía no cuantifican las pérdidas.
Para hacer frente a la crisis, el país demanda de un plan de reconstrucción que cuente con el apoyo y la colaboración de todos los sectores económicos, sociales y políticos de la sociedad; las ONG y la cooperación internacional, en el que se definan los planes y programas encaminados no solo a la recuperación de las regiones afectadas, sino que les garanticen un desarrollo más sostenible.
En ese plan se deberían visualizar desde ya programas para la creación de empleos, la reactivación de la producción en todas las áreas dañadas, la atracción de inversiones, entre otras.
Mientras se define y elabora el plan de reconstrucción, se debe asegurar que las ayudas llegarán de manera inmediata a los damnificados, y que las mismas no serán politizadas, como se denuncia desde el interior del país. Las órdenes deben ser claras para que los políticos dejen de lado el activismo en favor de quienes están en el poder.
No olvidar que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha elevado nuevamente las alertas en todo el país por la llegada, este día, del primer frente frío de la temporada, que descargará importantes volúmenes de agua en varias regiones del país. Es prioritario, entonces, que en estos momentos se sigan observando las medidas de prevención recomendadas por los organismos y autoridades competentes, encaminadas, antes que todo, a preservar la vida
